Las aspiraciones de Lula para 2018 dependen de su derrotero judicial

Aparece como favorito en las encuestas, pero tiene cinco causas abiertas por casos de corrupción.

El derrotero judicial del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede poner en jaque sus aspiraciones para ser candidato en las elecciones de 2018, para las que aparece como favorito en las encuestas, ya que si llega a ser condenado en dos instancias en algunas de las cinco causas abiertas por casos de corrupción estará inhabilitado para postularse.
Las chances de que Lula pueda ser condenado en algunas de las causas aumentaron, según analistas de prensa, en medio de otro escándalo que lo vincula con los hechos de corrupción investigados en la operación Lava Jato, luego de que la semana pasada un ejecutivo declarara que el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) le pidió que destruyera pruebas de sobornos.
Lula está siendo juzgado en primera instancia en cinco procesos: en caso de que fuera condenado y esa sentencia fuera confirmada por los tribunales de segunda instancia antes de setiembre de 2018, no podrá postularse, en virtud de la Ley de la Ficha Limpia, que el mismo promulgó en 2010.
"Basta ser condenado por un colegiado, es decir, en una segunda instancia, o estar preso, obviamente, para ser considerado inelegible", explicó a Télam el especialista en derecho electoral Diogo Reis, investigador de la Fundación Getulio Vargas y profesor de la Universidad Mackenzie de San Pablo.
Incluso columnistas de la prensa brasileña históricamente enfrentados con Lula como Merval Pereira, del diario O Globo, y Reinaldo Azevedo, de la Radio Jovem Pan, comenzaron a decir que la posibilidad de una posible detención del ex mandatario por obstrucción de la justicia por parte del juez Sergio Moro, a cargo de la operación Lava Jato, no es descabellada.
Según Leo Pinheiro, ex titular y accionista de la constructora OAS, Lula le pidió personalmente en mayo de 2014 "destruir pruebas del soborno pago al PT" para evitar que lo alcanzara la operación Lava Jato, en la que se investiga el desvío ilegal de fondos públicos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras a través de empresas contratistas.
La declaración, cuyo video fue liberado por Moro, causó conmoción en momentos en que gran parte de la clase política, entre ella el gobierno de Michel Temer y la antigua oposición, fue denunciada de recibir dinero en el exterior.
La defensa de Lula sostiene que Pinheiro, a quien el ex presidente consideraba un amigo, fue obligado por la fiscalía a sentarse a negociar un acuerdo de delación premiada como hicieron los ejecutivos de Odebrecht.
"Miente para involucrar a Lula en un acuerdo con los fiscales como condición para acepar una delación premiada para sacarlo de la prisión", dijo el abogado defensor de Lula, Cristiano Zanin Martins.

DEPARTAMENTO
EN LA PLAYA
El caso por el que Lula declarará el 3 de mayo en Curitiba es el de un departamento en la playa de Guarujá, un caso que era un proyecto original del sindicato de los bancarios.
La esposa fallecida de Lula había participado empezando a pagar sus cuotas para tener un departamento, aunque luego desistió.
Ese edificio fue comprado por OAS a pedido del tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, según reveló Pinheiro, cuya delación había sido rechazada el año pasado por el fiscal general.
La justicia busca determinar si Lula ocultó un bien en nombre de una empresa que confesó que pagó coimas a cambio de participar en proyectos de Petrobras, como la refinería Abreu e Lima, en Pernambuco.
La lucha que se trabó es política: Lula denunció a Moro ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por haberlo llevado a declarar por la fuerza en marzo de 2016, mientras el magistrado elevó su perfil y se convirtió en el héroe de grupos de derecha que piden el fin del sistema político y fue condecorado tanto por el Ejército como por las revistas Istoé y Veja.
Antes de la declaración de Pinheiro, una encuesta de la firma Ibope confirmó a Lula en la delantera de la liza electoral, con 30% de votantes convencidos y 17% dispuesto a votarlo.
Ese potencial 47% supera al de cualquiera de los potenciales candidatos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), los senadores Aécio Neves (cayó de 41% a 22%) y José Serra (de 32% a 25%) y el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin (de 29% a 22%).
Los tres están acusados por ejecutivos de Odebrecht de haber recibido sobornos y fondos ilegales en el exterior para financiar campañas electorales.
El PSDB, tradicional opositor de los gobiernos del PT encabezados por Lula y su sucesora, Dilma Rousseff, es el principal aliado de la administración de Temer, que pertenece al Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB).
Sin embargo, la encuesta fue realizada antes de que las delaciones de los 77 ejecutivos de Odebrecht fueran puestas prácticamente en cadena nacional en la televisión e hicieran trizas lo poco que quedaba de la imagen de la clase política en general.
El jurista Rais, consultado por Télam, apuntó que "la ley electoral no impide que un procesado sea presidente", pero el propio Lula, en declaraciones a una radio del interior del país, dejó entrever que sus aspiraciones de regresar a la Presidencia pueden estar amenazadas.
"Si puedo, seré candidato; si soy candidato, soy candidato para ganar, ya gasté mi cuota de elecciones perdidas", dijo al recordar sus derrotas en 1989, 1994 y 1998, antes de ganar en 2002 y 2006.
En ese contexto, surgió en los últimos días la figura del jurista Nelson Jobim, quien fue presidente del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) y ministro (de Justicia con el presidente Fernando Henrique Cardoso y luego de Defensa con Lula y Rousseff).
Jobim se quejó de una "persecución" contra Lula y supuestas intenciones de Moro y los fiscales de la operación Lava Jato para bloquear la candidatura del líder del PT.
"Si nosotros le prohibimos ser candidato, estamos haciendo la misma cosa que hicieron los militares contra nosotros y no nos gusta esa época", dijo Jobim, y agregó: "La oposición y el oficialismo necesitan un mínimo de entendimiento, sin renunciar a sus disputas, para asegurar una elección mínimamente razonable en 2018. Si no, podríamos tener un (Donald) Trump tropical, tanto de izquierda como de derecha".

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