Las movedizas arenas del Poder Judicial

Durante el discurso inaugural de su tercer mandato como gobernador de Chubut, Mario Das Neves ratificó que impulsará una reforma en el Poder Judicial que contemple la instrumentación del juicio por jurados, algo que en estos momentos se aplica sólo en tres provincias argentinas: Córdoba, Neuquén y Buenos Aires.
De este modo, puso el dedo en la llaga de un poder, el Judicial, que cuestiona desde prácticamente el inicio de su primer período de gobierno, allá por 2003. Es que en paralelo con el crecimiento económico y poblacional, comenzó a manifestarse en la provincia un déficit en el servicio, curiosamente no por efecto de la demora en la resolución de los casos sino por la aplicación de las penas, que comenzaron a ser "sustitutivas", un eufemismo para señalar que el condenado no debe permanecer encerrado. Lo grave fue que lo que podría tener asidero en delitos menores comenzó a ser casi regla en episodios más graves, donde lo que está en juego es la vida de las personas.
Mucho se ha escrito y dicho sobre la famosa cadena de responsabilidades acerca de si la culpa es de los "jueces saca presos"; los diputados que modificaron un Código Procesal Penal sin contemplar los recursos y el personal humano idóneo para su correcto funcionamiento; o si en realidad quien debe garantizar el estricto cumplimiento de la ley es el Poder Ejecutivo, a través de lugares de detención idóneos y con personal debidamente capacitado en el cuidado y contención de quienes deben permanecer encerrados el tiempo que marque la ley. En este sentido, resulta emblemático el caso ocurrido el pasado jueves en la comisaría del barrio Mosconi.
Más allá de las corrientes garantistas que no tienen buena prensa -tal vez porque son pocos los votos que les podrían sumar a los políticos que adopten su causa-, en los últimos años se apela bastante al concepto de "sentido común" por parte de los jueces. Es decir que si por ejemplo está ante un delincuente que tiene causas pendientes y vuelve a reincidir, no puede el mismo ser devuelto a la calle sin más trámite.
Pero aquí es donde entra a tallar el tema de los pactos internacionales de Derechos Humanos que hacen responsable al juez de la persona sobre la cual decidirá su libertad, o no. ¿Puede quedarse tranquilo si dispone el encierro de un individuo en un lugar que él sabe que no está preparado para albergarlo? No solo porque podría estar en peligro él, sino también otros internos y los policías que los cuidan en celdas que hace tiempo reclaman mucho más que una mano de pintura.
Es cierto que para un gobernador o intendente lo más simple es echarle la culpa a los jueces y a los fiscales y de hecho en estos años hasta han promovido manifestaciones que flaco favor le hicieron a una mejora del sistema. Hasta hubo quienes promovieron juicios políticos que no prosperaron, causando situaciones que dejaron los resquemores lógicos del choque entre dos corporaciones. En este sentido, el Consejo de la Magistratura no ha sido de gran ayuda para abordar lo específicamente judicial, ya que en varias ocasiones sus integrantes se han prestado al juego político propuesto por sus referentes.
En este contexto, reaparece la iniciativa del juicio por jurados, del cual se habla hace al menos 20 años en el país, cuando las redes sociales no existían y seguramente sus impulsores tenían en la cabeza aquella película de Sidney Lumet, "12 hombres en pugna", en la que encerrados en una habitación sólo se analizaban las pruebas.
En su anterior gobierno Das Neves tuvo cruces con varios magistrados, justamente por la forma de entender las urgencias que demandaba cada circunstancia. Incluso llegó a enfrentarse con integrantes del Superior Tribunal de Justicia que ya no están, mientras impulsó la remoción de quien era Procurador General, reemplazándolo por la persona que comenzó a su lado como Fiscal de Estado, Jorge Miquelarena. Poco más tarde -y como un intento por dar respuestas a la inseguridad diaria que a mediados de la pasada década azotaba a Comodoro-, apareció en escena la figura del Procurador General Adjunto, "inconstitucional" según legos como Gustavo Menna.
Ese cargo lo ocupó hasta ahora Emilio Porras, un abogado de fugaz paso en esta ciudad como juez penal y que una vez instalado comenzó a dar batallas en el ámbito judicial en las que no le fue muy bien. En Tribunales aún se recuerda su cruzada para desplazar a la jefe de fiscales, Adriana Ibánez, recientemente jubilada, mientras en los últimos años se ocupó de todas las causas en las que se excusó su superior, Miquelarena, debido a que el objeto de la investigación que se le pedía tenía que ver con hechos donde él ya había adoptado decisiones.
Porras nunca sintonizó con las cámaras penales y ha dado muestras de que no le gusta la figura de la revisión. No ha sido lo único en lo que se mostró crítico. De hecho, en más de una ocasión le salió al cruce en estos años a Martín Buzzi, achacándole "un Estado ausente" cuando el ex gobernador culpaba a los fiscales por no ir a fondo contra delincuentes de ricos prontuarios.
Lejos habían quedado los días en que Porras asesoraba al Buzzi intendente, aunque más de una vez sus argumentos académico-tecnicistas no fueron debidamente interpretados por el político que llegaba a pedir mediáticamente cabezas de jueces, equivocando nombres e invocando figuras legales erróneas.
Ahora Porras tiene otra oferta: ser el nuevo Fiscal Anticorrupción de la provincia, donde parece que habrá bastante trabajo, especulándose desde el Gobierno con que él pueda hacerlo mejor que quienes le precedieron, el último de los cuales, Manuel Cimadevilla, acaba de tramitar su jubilación. Se trata de un cargo de seis años de duración cuyo titular lo designa la Legislatura.
Mientras tanto, el conductor de la bancada mayoritaria del Frente para la Victoria, Javier Touriñan, ha anticipado que no figura en sus planes concederle a Porras el indispensable aval parlamentario, llegando a trascender desde el sector nombres indigeribles para el dasnevismo como los de Eduardo Samamé, Federico Massoni y Rosa González.
La ocasión no deja de representar una buena oportunidad para apreciar cómo comienzan su relación el nuevo Poder Ejecutivo y la oposición instalada en la Legislatura, con el sistema judicial en el centro del debate. La negociación y la muñeca política también permitirán tomar nota de hasta dónde llegan las lealtades de quienes hoy son diputados por haber ido en una boleta de color celeste.

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