Le imputan una nueva estafa a "Chatrán": alquilar un auto para una empresa ficticia

César Alejandro Hernández fue imputado por otra causa de estafa y a pesar de que se encuentra con prisión preventiva en el expediente que lo investiga como organizador de una asociación ilícita, ayer le dictaron esa medida cautelar por dos meses. El delito surgió tras el alquiler de un auto cuya cuota nunca pagó, según la denuncia. Al iniciar el reclamo, la víctima descubrió que la empresa no existía.

La audiencia de apertura de la investigación contra César "Chatrán" Hernández se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por la juez penal, Mariel Suárez. La Fiscalía estuvo representada por la funcionaria, Patricia Rivas, mientras que la defensa pública que asiste al imputado fue ejercida por el abogado adjunto, Ricardo Amado.
En ese contexto, la acusadora pública pidió que se formalice la apertura de investigación preparatoria contra Hernández por el delito de estafa, en calidad de autor. Ello, por el caso que ocurrió el 7 de marzo de 2014. Ese día, según la denuncia, la víctima celebró un contrato de alquiler en una escribanía local con el imputado César Hernández, mediante el cual alquiló un Chevrolet Classic por el término de un año.
Al cabo de dos meses sin recibir pago del alquiler, la víctima envió una carta documento a Hernández en el domicilio de la empresa SERPET a la que decía pertenecer, aunque descubrió que la misma no existía y tampoco la oficina.
Si bien el imputado se encuentra cumpliendo prisión preventiva en otra causa, la funcionaria de Fiscalía solicitó la prisión preventiva por dos meses a partir de los elementos de convicción suficientemente existentes para tenerlo como probable autor del delito. También por las características graves del ilícito y la reiteración delictiva, tras lo cual aclaró que en el caso de recaer condena la misma será de cumplimiento efectivo porque Hernández tiene una sentencia condenatoria del 16 de diciembre de 2013.
Mientras, el defensor se opuso a la apertura de investigación de la causa porque entiende que según el relato del hecho la conducta de su asistido "resulta atípica". A ello agregó que debe hacerse una distinción del ardid, que a su entender fue una simple mentira o incumplimiento de contrato, más cuando el vehículo se recuperó.
El abogado se opuso a la apertura y dijo que no constituye un delito penal sino un simple incumplimiento contractual civil, mientras que sobre la prisión preventiva dijo que no debe ser atendida porque resulta "incoherente" debido a que Hernández está privado de libertad en otro proceso.
Finalmente la juez penal resolvió que debe llevarse a cabo la apertura de investigación respecto del delito de estafa en contra del imputado, dando por anoticiado del mismo a Hernández y por asegurada su defensa técnica. Se estableció el plazo de dos meses de investigación e igual plazo de prisión preventiva para el imputado.
Independientemente de que está privado de su libertad en otro proceso, mencionó la juez los antecedentes penales y los procesos en trámite que tiene abiertos el imputado. También se refirió a los elementos de convicción suficientes y el comportamiento del imputado en esta carpeta con varias incomparecencias injustificadas. Calificó la medida de coerción solicitada por la funcionaria de fiscalía como "proporcional y razonable" y que "no resulta ilógica ni contradictoria".

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