Levantaron la clausura de Termap en Caleta Olivia

El jueves pasado, la Municipalidad de Caleta Olivia, clausuró el acceso a la principal ala operativa de la playa de tanques de almacenamiento de petróleo de Termap. Sin embargo, esta mañana, la juez federal Marta Yañez, hizo lugar a la cautelar de la empresa y retiraron las fajas de los portones. La planta ahora opera de manera normal.

La Municipalidad de Caleta Olivia le reclama a Termap que pague 30 millones de pesos mensuales en concepto de tasa de comercio e industria, habilitación comercial, impuesto inmobiliario y tasa de seguridad e higiene, algo que no realiza la empresa -según el intendente Facundo Prades- desde hace más de 20 años.

Por este motivo, desde el municipio se decidió clausurar el jueves pasado, el acceso a la principal ala operativa de la playa de tanques de almacenamiento de petróleo. Sin embargo, esta mañana, la juez federal Marta Yañez hizo lugar a la cautelar que presentó Termap y ordenó el levantamiento. De esta manera, previa autorización de la magistrada, y por ausencia de funcionarios en sede municipal, personal de la empresa, procedió al retiro de las fajas de los portones con asistencia de un escribano público.

A través de un comunicado de prensa, la empresa había asegurado que "que TERMAP no mantiene deuda alguna con la Municipalidad y cumple todas las normativas vigentes a nivel municipal, provincial y nacional".

Asimismo, el comunicado señalaba que "respondió debidamente cada uno de los requerimientos formulados por la Municipalidad de Caleta Olivia, habiendo comunicado en cada oportunidad que el Instituto de Energía de Santa Cruz es la Autoridad de Aplicación con competencia exclusiva para habilitar las instalaciones que esta sociedad opera en dicha localidad (Decreto PEN N 44/1991, Ley 26.197 y Ley provincial n°3.067)".

Por último, indicaba que "TERMAP abona periódicamente al citado Instituto la Tasa de Control de la Actividad Hidrocarburífera dispuesta por la legislación vigente. En este marco, de concretarse esta improcedente medida, conllevaría en la práctica una paralización de la actividad hidrocarburífera, no sólo en la Cuenca del Golfo San Jorge sino también en todo el ámbito nacional, por estar comprometido el funcionamiento de un servicio público esencial como es el transporte y almacenaje de petróleo crudo".

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