Ley de Medios: la Corte validó una medida cautelar que beneficia a Clarín

La Corte Suprema de Justicia rechazó ayer una apelación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) contra la medida cautelar que suspendió el "procedimiento de transferencia de oficio" para que el Grupo Clarín se adecue a la nueva ley de medios, fallo que según el titular del organismo de control, Martín Sabbatella, tiene "un tinte electoral".

Los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda consideraron que los recursos de la Afsca y el Estado Nacional "no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal", por lo que seguirá vigente la medida cautelar dictada por el juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso, ratificada el 5 de febrero de 2015 por la Cámara.
Para el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, el fallo tiene "un tinte electoral" y destacó que "demuestra que el Poder Judicial está colonizado por los intereses concentrados".
El funcionario afirmó que la ley de medios "es constitucional", tal como lo refrendó la Corte Suprema, y con estos fallos, "las medidas cautelares terminan equiparadas con las sentencias definitivas".
Luego de la declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín presentó en noviembre de 2013 una propuesta de adecuación mediante la cual transfería las licencias a firmas que estaban vinculadas con el conglomerado empresarial, lo que fue rechazado por el organismo que conduce Martín Sabbatella, que intentó la "adecuación de oficio".
Sin embargo, según la Afsca, esa adecuación caía en "situaciones fraudulentas que conllevan vinculaciones societarias prohibidas y contrarias a los fines antimonopólicos de la ley 26.522", y por eso el organismo dispuso la transferencia de oficio.
Ante ello, los abogados del holding presentaron una acción de amparo y obtuvieron una medida cautelar que dispuso "la suspensión de los efectos de la resolución Afsca1121/14 y del procedimiento de transferencia de oficio por el plazo de seis meses, bajo caución real de un millón de pesos".
La Afsca llevó el caso a la Corte Suprema porque entiende -y lo expresó en el expediente en varias ocasiones- que en la causa "se encuentra involucrado el interés público, gravitante al momento de analizar la procedencia de una medida cautelar y el efecto que se otorga a su apelación".

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