Los antecedentes de la juez que liberó al asaltante de la Plaza Scalabrini Ortíz

Durante la formalización de la investigación por el robo armado que sufrió el gerente de El Patagónico la Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado Angel Romero, pero la juez Raquel Tassello lo denegó. Su decisión desató críticas e hizo recordar cuestionamientos que la magistrada recibió anteriormente. Es que no dio respuestas a un testigo protegido del caso Iván Torres que luego resultó asesinado. También fue objeto de un pedido de juicio por incumplimiento del deber.

La reciente decisión de dejar en libertad al detenido por el asalto del gerente de El Patagónico, Federico Maya, a pesar del pedido del Ministerio Público Fiscal de que se le dictara prisión preventiva, pone una vez más en el centro de las críticas a la juez Raquel Tassello. El sospechoso cuenta con dos causas en proceso y ello no fue suficiente para recibir una medida privativa de la libertad.
El miércoles por la noche, según la acusación de la Fiscalía, Romero interceptó por la espalda a Maya cuando salía del Lucania Palazzo Hotel. Lo tomó del cuello y le clavó un cuchillo de grandes dimensiones en el rostro para que entregara sus bienes.
La víctima fue despojada así de su billetera y su teléfono celular. Más tarde la policía detuvo al sospechoso y recuperó el aparato telefónico.
Durante el acto judicial la funcionaria fiscal Verona Dagotto solicitó la prisión preventiva de Romero, pero la magistrada no la otorgó y argumentó que el secuestro del teléfono fue irregular por carecer de testigos. A pesar de que el imputado cuenta con dos causas en trámite le decretó el beneficio de la prohibición de acercamiento a la víctima ya que consideró que no había riesgo de fuga.
No es la primera vez que se pone en discusión el accionar de Tassello, quien en reiteradas ocasiones fue criticada por los beneficios dictados a delincuentes entre los que se encuentran Cristian "Chucky" Monsalvo y Francisco Bayón.

ANTECEDENTES
En diciembre de 2004, Verónica Heredia, abogada de la familia de Iván Torres -desaparecido en octubre de 2003 y por cuyo caso en la actualidad se desarrolla un juicio federal- solicitó a los entonces fiscales Raquel Tassello y Verónica Escribano la protección para los testigos y parientes del desaparecido porque "permanentemente los detenían en la Comisaría Primera".
Entre esos testigos se encontraba David Hayes, quien compartió celda con Torres en la Seccional Primera poco antes de su desaparición. Dos años después el preso le escribió una carta a María Millacura donde relató lo que sucedió con Iván y el 9 de enero de 2005 Heredia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el testigo fuera protegido.
En la carta Hayes aseguró: "puedo señalar a los policías que estuvieron esa noche", pero la orden de protección de la CIDH llegó el 18 de enero un día después que el detenido fue acuchillado de muerte en la alcaidía. Era la tercera persona que perdía la vida luego de haber hablado sobre el caso Torres.

LA DENUNCIA DE UN INTENDENTE
En otro antecedente registrado en 2009, Martín Buzzi durante su gestión como intendente cuestionó duramente el accionar de tres magistrados que dictaron la prisión domiciliaria a Cristian "Chucky" Monsalvo, acusado de haber participado en robos mientras gozaba de ese beneficio.
El municipio denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público a las magistradas Margarita Pfister, Julia Lescano y Tassello. Las tres habían participado en alguna de las trece causas que había acumulado Monsalvo.
En esa ocasión, Buzzi criticó: "vemos reiteradamente que a personas de extrema peligrosidad se le viene dictando sistemáticamente la libertad que terminan conspirando contra las personas, los bienes y la ciudadanía y esto se tiene que terminar. Así como yo me hago cargo de las decisiones del Ejecutivo, el juez también tiene que hacerse cargo de sus fallos. Hay personas con nombre y apellido que firman fallos y no se hacen responsables".
Mientras, en agosto de 2012 Gabriela Córdoba fue secuestrada a punta de cuchillo por Francisco Bayón, quien la mantuvo 19 días privada de su libertad y abusó sexualmente de la mujer. La policía rescató a la víctima en cercanías de Paso de Indios y detuvo al violador. El caso abrió serios cuestionamientos al rol judicial debido a que se trataba de un imputado de abuso sexual y Tassello lo habia dejado al cuidado de su madre.
La hermana de la víctima, Zunilda Córdoba, impulsó una marcha para pedir justicia bajo un duro cuestionamiento a la magistrada: "queremos que las autoridades le saquen el cargo a esta señora (Raquel Tassello), que está trabajando como si nada, no tiene perdón" por haber dejado en libertad a Bayón. Además pidieron su destitución.

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