Los colombianos que clonaban tarjetas pasarán 6 meses en prisión preventiva

Los dos hombres que a partir de una investigación de la compañía Red Link fueron detenidos durante la noche del martes en el cajero automático que el Banco del Chubut tiene en el Hospital Regional fueron imputados ayer por defraudación especial. A pedido de la Fiscalía les dictaron prisión preventiva por el plazo de seis meses, tiempo que también se otorgó para culminar la investigación.

El control de detención de los ciudadanos colombianos Luis Eduardo López Pineda (42) y Leandro Pedrozo Ducuara (32) se desarrolló ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidido por la juez penal, Gladys Olavarría. El Ministerio Público Fiscal fue representado por las funcionarias, Andrea Serer y Camila Sánchez Almirón. Mientras, los detenidos fueron asesorados por la defensora pública, Lilián Bórquez.
En ese contexto, la parte acusadora solicitó que se declarara legal la detención de López Pineda y Pedrozo Ducuara, la cual se hizo efectiva por parte del personal de la Brigada de Investigaciones el martes último a las 22:07, cuando salían del cajero automático que el Banco del Chubut tiene en el Hospital Regional. Sucedió luego de que esa fuerza fuera informada por miembros de la División de Prevención Contra el Fraude de la compañía Red Link, que venía investigando las defraudaciones a partir de denuncias realizadas en Caleta Olivia. El caso fue calificado en los términos del artículo 173, inciso 15 del Código Penal como defraudación especial mediante el uso de tarjetas de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática. El mismo tiene penas que van de los 30 días a los 6 años de prisión.
La funcionaria pidió que se otorgue el plazo de seis meses de investigación y sostuvo que se debe cautelar el proceso en virtud de los peligro de fuga y entorpecimiento que fundó en la audiencia. En razón de ello solicitó el dictado de la prisión preventiva por el término de seis meses.
Hay que recordar que los dos detenidos no se encuentran radicados en el país y habrían ingresado a la Argentina por pasos clandestinos. A raíz de esa situación, la delegación Comodoro Rivadavia de la Dirección Nacional de Migraciones ya solicitó a la Justicia Federal que se inicie el proceso para sus expulsiones.
Asimismo, se debe recordar que en el caso de Pedrozo Ducuara cumplió una pena de tres años de prisión en Chile luego de haber sido condenado en 2006 por la clonación de tarjetas de débito para la extracción de dinero en cajeros automáticos del balneario de Pucón, en la región de la Araucanía. En 2012 volvió a ser detenido en Temuco, sospechado de maniobras similares.

DINERO Y TARJETAS
Al momento de la detención, los imputados tenían dinero en efectivo de distintas nacionalidades y tarjetas de crédito y débito de diferentes persona, algunas de ellas de Comodoro Rivadavia, así como de diversas entidades bancarias. Tal como lo informó en exclusiva El Patagónico, los colombianos habían operado en Caleta Olivia y ayer se conoció que las defraudaciones en la provincia de Santa Cruz las cometieron entre el 8 y el 14 de este mes, fecha en las que fueron clonadas las tarjetas de las víctimas que denunciaron el faltante de dinero de sus cuentas. A partir de entonces comenzó el seguimiento por parte de la División de Prevención Contra el Fraude de la compañía Red Link, que detectó que de una de las cuentas denunciadas faltante de dinero se estaban realizando consultas en una terminal bancaria de Comodoro Rivadavia, lugar al que fue enviada la policía que procedió a la detención de los dos sospechosos. En la audiencia de ayer, la funcionaria de Fiscalía sostuvo que existen al menos 50 damnificados por el accionar de los imputados y se estima que ese número se incrementará en los próximos días, ya que se espera que surjan nuevas denuncias. A criterio de la Fiscalía, se produjeron defraudaciones que sumarían un monto que oscila entre los 250.000 y 300.000 pesos.
Ayer, los imputados dijeron que están en esta ciudad desde hace unos 15 ó 20 días, dato que fue desmentido por la Fiscalía a partir de la información que obtuvo durante el allanamiento en el inquilinato donde dijeron residir. Allí se conoció que hace un mes que no aparecen por el lugar y que estuvieron alojados en una de las piezas con otra persona, que hasta el momento no fue identificada.
Se supo, además, que cuando los colombianos se fueron del inquilinato de calle Rucci 2.083 se llevaron siete valijas en un taxi flet.

PIDIERON
LA LIBERTAD
La defensora no se opuso a la apertura de la investigación, pero sí al dictado de una medida de coerción, en virtud de que el delito tiene una pena mínima de un mes y al no constatarse antecedentes penales de los imputados en el país, en un futuro los imputados podrían acceder a un criterio de oportunidad como puede ser la reparación o una suspensión de juicio a prueba.
La abogada propuso que las medidas sustitutivas que se fijan en el artículo 227 del Código Procesal Penal, como presentaciones en la Oficina Judicial, prohibición de contacto con los testigos y prohibición de salir del país, proponiéndose para este último caso la retención del pasaporte.
En última instancia, y para el caso de que la juez entendiera que debía dictar una medida privativa de la libertad, la defensora solicitó que la misma no superara el plazo de un mes.
Tras escuchar a las partes, la juez formalizó la apertura de investigación por el delito propuesto por la Fiscalía; declaró legal la detención; otorgó un plazo de seis meses para investigar y por el mismo tiempo dictó la prisión preventiva. Ello, tras fundar su decisión en el peligro de fuga y al sostener que no se trataría de un delito continuado sino que fueron casos independientes que concursarán y ello alejará la posibilidad de que en el caso de ser condenado se aplique el mínimo de la pena.

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