Los conocidos de siempre

En enero de 2006 fue desbaratada en Comodoro Rivadavia una red de prostitución y trata, salpicando entonces a funcionarios políticos y a jefes policiales de Chubut. Pero dos años después solo iría a juicio un empresario de la noche, ya que el resto fue absuelto por el beneficio de la duda; es decir que no pudo comprobarse su culpabilidad. No obstante, más de uno pagó entonces el costo político dejando su cargo, aunque luego retomarían puestos públicos más importantes.
Los primeros procesados en la causa, que al principio tuvo como juez de feria a Emilio Porras Hernández, fueron los empresarios de la noche Segundo Ferreyra y Alberto Suárez, que según el expediente eran los encargados de coordinar la actividad del grupo de prostitutas -algunas de ellas menores- que "trabajaban" en los locales "Venus", "Bagatelle", "Belgrano" y "Amigos".
Las primeras denuncias se presentaron ante el entonces fiscal Carlos Alberto Moreno en 2004 desde ámbitos eclesiásticos, a raíz de la búsqueda de mujeres del norte del país con supuesta residencia en Comodoro Rivadavia que eran obligadas a prostituirse.
Un operativo encabezado por Porras Hernández a mediados de enero de 2005 incluyó una requisa policial en Comodoro y en las localidades santacruceñas de Las Heras y Caleta Olivia. Fueron allanadas whiskerías, domicilios particulares y hasta oficinas del gobierno municipal comodorense situadas en el kilómetro 3 de la ciudad.
La investigación, que incluyó más de 200 horas de escuchas telefónicas, dejó comprometidos a dos funcionarios de la gestión del intendente de Comodoro Rivadavia, Raúl Simoncini. Uno de ellos era el subsecretario de Gobierno, Carlos Marsó; el otro el coordinador del Centro de Control de Tránsito (CCT), el policía retirado Norman Saunders, ambos investigados por "tráfico de influencias".
A Marsó -un ex funcionario sobre el que pesaba además una denuncia de acoso sexual y que en 2012 se hizo cargo de la Secretaría de Seguridad del municipio de Comodoro Rivadavia- y a Saunders se los vinculó con los dos hombres procesados por el delito de trata de blancas, dueños de prostíbulos aquí y en el norte de Santa Cruz. Según consta en la documentación de la policía de Delitos Complejos y en las escuchas telefónicas, ambos funcionarios habrían anticipado inspecciones municipales a cambio de "favores sexuales".

MUJERES ENGAÑADAS
Según constaba en el expediente, las jóvenes -provenientes de norte del país- llegaban a esta ciudad con la promesa de trabajo. Pero una vez aquí se les retenían los documentos con la excusa de que se debían realizar algunos trámites. Eran obligadas entonces a ejercer la prostitución a cambio de pagar gastos de viaje y alojamiento.
Las escuchas telefónicas y filmaciones tomadas por la policía revelaron que los funcionarios municipales pasaban por alto irregularidades detectadas en los locales donde las mujeres ejercían la prostitución. Al igual que con los ex funcionarios, Ferreyra mantenía una estrecha relación con tres inspectores municipales: Jorge Pereyra, Félix Monsalvez y José Alberto Quintero. Uno de ellos le avisó de un operativo de rutina de la Policía Federal, a fin de que sacara "a las indocumentadas" de los locales en los que trabajaban.
Pero las derivaciones de uno de los casos policiales más relevantes de los últimos años en esta provincia no terminaron allí. En una de las comunicaciones mantenidas en diciembre de 2005, Ferreyra pidió a los funcionarios municipales que invitaran a una fiesta "a los Butazzi". Se trataba de los hermanos Blas y Luis Butazzi, por entonces jefes de la Seccional Segunda de policía y de la Brigada de Investigaciones de la provincia, respectivamente. Luis Butazzi sería luego jefe de Policía durante una parte del gobierno de Martín Buzzi.
Según constaba en el expediente, Blas Butazzi fue imputado por la Fiscalía en el expediente porque un mes antes llamó al dueño del prostíbulo para pedirle una mujer por hora, servicio que recibió sin cargo. Ferreyra le habría pedido al comisario un favor vinculado con el auto de un amigo personal. A Butazzi se lo señalaba, además, como uno de los amigos personales y supuestos protectores del hijastro de quien era jefe de policía de esta provincia, comisario Juan Luis Ale, luego diputado provincial por el Frente Para la Victoria y ahora nuevamente a cargo de la Policía de Chubut.
Néstor Adrián Barría se había desempeñado como policía hasta que el ex gobernador José Luis Lizurume lo destituyó "en grado de cesantía" por haber infringido el régimen disciplinario policial. Algunos testimonios indican que tomó la medida a raíz de las denuncias que pesaban sobre el agente en materia de drogas y trata de blancas.
Pero Barría fue rehabilitado con un decreto especial cuando su padre -el comisario Ale- ya ejercía la jefatura de policía de esta provincia. Pero al poco tiempo el agente policial volvió a caer en desgracia: el 22 de febrero de 2005 una pelea lo vinculó con la muerte del joven Carlos Barrientos, quien logró reconocer a Barría como su agresor para morir luego como consecuencia de las heridas recibidas.
Barría escapó entonces junto a su pareja Mirta Páez, una mujer que brindaba servicios sexuales en Comodoro con el nombre de "Luciana" y en cuyo lugar de residencia Barrientos recibió el disparo. Barría, que estaba prófugo desde entonces, fue capturado el 16 de enero de 2006 en Las Heras, Mendoza.
La investigación llegó también a otras esferas. La habilitación comercial de "Venus", uno de los prostíbulos investigados y allanados hace una década, estaba a nombre de la hija del procesado Ferreyra, Alejandra Hiayes, que se desempeñaba como secretaria privada del presidente del Banco del Chubut, Ernesto Rey, y que era pareja y convivía en la ciudad de Rawson con un influyente que por ese motivo caería en desgracia, Alberto Vargas, el mismo que luego sería reivindicado por Buzzi, al designarlo titular del Instituto de Asistencia Social (IAS).

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