Los defensores de Buzzi y Di Pierro pidieron la nulidad del proceso

En el juicio oral y público que se realiza contra los ex intendentes, la abogada Lucía Pettinari, que defiende a Martín Buzzi, y el abogado Guillermo Iglesias, que asesora a Néstor Di Pierro, pidieron la nulidad de todo lo actuado y el desistimiento de la parte querellante. La fiscalía y la querella rechazaron los planteos. El viernes el juez Alejandro Soñis dará a conocer su resolución.

Los ex intendentes Martín Buzzi y Néstor Di Pierro están acusados, uno por acción y otro por omisión, en el marco de la sentencia judicial del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que puso fin a una disputa entre privados por un lote del barrio Industrial que se había iniciado en la década del 80 del siglo pasado.
Ayer continúo el juicio oral y público por esta causa, donde se los acusa por incumplimiento de los deberes de funcionario y desobediencia judicial. En este marco Lucía Pettinari, que defiende al también ex gobernador, y Guillermo Iglesias, que asesora a Di Pierro, pidieron la nulidad de todo lo actuado y el desistimiento de la parte querellante.
El juez Alejandro Soñis escuchó los planteos, donde la defensora de Buzzi solicitó que se dicte el desistimiento de la querella por no presentarse sin justa causa al debate y cuestionó que además se violaran las formas establecidas en el Código Procesal de “contar con un poder especial para la presente causa y no con un poder general enmascarado de poder especial”.
El defensor de Di Pierro coincidió con la abogada. Sin embargo, el fiscal general Héctor Iturrioz sostuvo que aunque el bien jurídico protegido es la Administración Pública, la causa tiene víctima indirecta. Además afirmó que no hay abandono de querella ya que la misma puede ser iniciada y requerida por poder especial a mandatario. Este poder especial fue confeccionado y realizado ante mandatario escribano a nombre de José María Ferreira de las Casas, Ignacio Ferreira de las Casas y Luciana Ferreira.
Como segundo planteo la defensora de Buzzi argumentó la nulidad absoluta de todo lo actuado por violación de garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, recordando que en la audiencia de apertura de investigación no vinieron los imputados.
Coincidiendo con el planteo de su predecesora, Iglesias argumentó que es obligatorio que el imputado debe estar presente y que el juez tiene la obligación de traer a los imputados a los fines de la validez del acto.
El fiscal, en contraposición, sostuvo que "lo primero que debe evaluarse ante una nulidad es ver si quien la solicita no la ha causado” y señaló que quienes confirieron el mandato a sus defensores para no estar presentes en la audiencia de apertura fueron los propios imputados, que expresaron su voluntad clara y libre el hacerse representar en la audiencia por sus defensores de entonces, López y Herrera. Es decir que los imputados podían venir, pero eligieron libremente no hacerlo.
De esta forma, concluyó que la nulidad planteada por las defensas era carente de fundamento absoluto y solicitó que sea rechazada y se continúe con el juicio, coincidiendo con la querella.
El juez penal resolvió un cuarto intermedio hasta el viernes al mediodía cuando dé a conocer su resolución.

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