Los desaparecidos de las últimas dos décadas y los protocolos de búsqueda

Desde 1997 hay 22 personas desaparecidas en Comodoro Rivadavia, según el registro oficial del Ministerio Público Fiscal. A ese registro hay que sumarle la desaparición forzada de Iván Eladio Torres que llevó a juicio el Tribunal Oral Federal. A partir de dicha causa se creó en esta ciudad la División de Búsqueda de Personas, unidad que actualmente fue renovada con edificio propio y que lanzó un perfil en las redes sociales para publicar las búsquedas activas. Letra Roja da a conocer los nuevos protocolos de búsqueda y qué es lo que tiene que saber un ciudadano para radicar una denuncia por desaparición.

Que el ADN de un cráneo hallado en la batería 33 del yacimiento Manantiales Behr el 23 de diciembre de 2014 finalmente haya sido descifrado por el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) después de quince meses -con una compatibilidad del 99,99 por ciento con una hija de uno de los últimos desaparecidos, Aníbal Freytes (56)-, pone de manifiesto que el banco de datos del Ministerio Público Fiscal es imprescindible y así ha dado sus primeros resultados, después de infructuosos años.
Desde 1997 a la actualidad hay un total de 22 desaparecidos, según los datos oficiales del Ministerio Público Fiscal. Hoy los casos están en manos de la fiscal general Mónica García y del fiscal jefe Juan Carlos Caperochipi.
Existe un registro en el que se detalla si se cuenta con el ADN de algún familiar, la fecha de desaparición y la jurisdicción en donde se realizó la denuncia (ver página 7).
Hay casos antiguos que empezaron a sustanciarse en los juzgados de Instrucción, sumándose luego las causas de personas desaparecidas a partir de 2006, con el nuevo sistema procesal penal de Chubut.
Los casos de Hernán Soto, Miguel "Araceli" Linares o Mónica Acuña, son emblemáticos. Tanto como el de Iván Eladio Torres, que no figura en los registros de la Fiscalía, ya que el caso es investigado por la Justicia Federal como desaparición forzada, fuero que llevó a juicio a 15 policías en un debate en el que incluso hasta se puso entre las rejas por un tiempo a un comisario al testificar dubitativamente.
Tras la desaparición de Torres, un caso que su madre luchó para llevar a la Corte Interamericana, el Gobierno nacional todavía debe dar respuestas. A nivel local, a partir de ese caso y las negligencias en investigaciones llevó a conformar una Brigada de Búsqueda de Personas en 2004.
La gran cantidad de desapariciones en la década que va desde 1996 hasta el 2006, planteó la necesidad a rever a los investigadores los protocolos de investigación que se fueron mejorando año a año. Sin embargo, las grandes extensiones de yacimientos y costas alrededor de la ciudad, junto al poco control que hay en sus accesos como los egresos, atentaron siempre con el resultado positivo de las investigaciones.
La Brigada de Búsqueda actualmente está a cargo del oficial Hugo Morales. La división a principios de este mes fue renovada con la asignación de una nueva oficina, y con el lanzamiento de su página de Facebook: "Búsqueda Personas Comodoro Rivadavia" en el que se difunden los casos de desaparecidos.
Por año trabajan con más de 250 actuaciones. Y día a día atan cabos para encontrar a adolescentes -la mayoría de ellas mujeres entre 12 y 17 años, que suelen irse en busca de nuevas experiencias- y descartar cualquier tipo de delito del que podrían ser víctimas. Incluso los investigadores en una jornada han tenido que llegar a buscar hasta a seis personas a la vez.

MISTERIOS E INDICIOS
Los casos más recientes son los de Leandro Díaz y su hija Angela Carolina Díaz, que misteriosamente desaparecieron sin dejar rastros entre 2008 y 2010. Los tres kayakistas que fueron arrastrados por las olas en Caleta Córdova también forman parte de la lista de la Fiscalía. Y hay que sumarle el caso de Hilda Suárez, la mujer de 58 años que el 15 de diciembre de 2013 abandonó su hogar en el barrio Sismográfica y desde entonces nada se sabe de ella.
También el de Carlos Muñoz, un ayudante albañil que pese a tenerse la presunción de que sus huesos eran los que se hallaron en febrero del 2014 en el arroyo Belgrano, hasta ahora no se han conocido los resultados de la comparación de ADN.
Por estos días, el caso que centra la atención de los investigadores es el de Nicolás Capovilla. El joven desapareció sin dejar indicios. Según supo Letra Roja no tenía más de 15 contactos agendados en su teléfono celular y los cruces telefónicos de llamadas y mensajes son quizás el camino más importante que les queda a los investigadores para descifrar cuáles fueron sus últimos pasos antes de la desaparición.
Los registros de una cámara de seguridad del Cuartel Central de Bomberos, recinto vecino a la vivienda de Capovilla, no ha podido entregar pistas de los movimientos del joven y sus familiares siguen pidiendo colaboración a la comunidad en su búsqueda.

PROTOCOLO
En un programa interno de comunicación y administración de causas de la Fiscalía figuran desde 2003 hasta la fecha, 269 legajos iniciados por desaparición, la mayoría de ellas resueltas.
La disminución de causas de desaparecidos coincide con la implementación de protocolos específicos dentro del Ministerio Público Fiscal y la especialización de la Policía de Búsqueda de Personas. "Ninguna causa se cierra y cualquier indicio o pista razonable es inmediatamente profundizada", dicen los fiscales.
La Procuración General ha analizado que en los últimos años la policía solía pedirle a los familiares que esperaran 48 horas para comenzar con las investigaciones o instar la denuncia, lo que es desaconsejable, ya que "las primeras horas son esenciales para ordenar medidas de investigación".
Dejar pasar el tiempo priva a la Fiscalía de incorporar datos y pruebas que luego se tornarán irreproducibles.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, "que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa".
Bajo esos presupuestos desde fines de 2012 se confeccionó en Comodoro Rivadavia un instructivo para trabajar de forma rápida y eficaz. El protocolo establece que cualquier persona puede hacer una denuncia tanto en Policía como en Fiscalía por la desaparición o extravío de persona. El que la reciba debe recabar todos los datos necesarios, como el modo, tiempo y lugar en el que se produjeron los hechos y datos de identificación de la persona desaparecida, también la descripción de su vestimenta del día de la desaparición y los objetos que portaba.
Nadie está exento a sufrir el extravío o la desaparición de algún familiar. Entre los datos más importantes a denunciar figuran: la última vez que se lo vio, hacer una reseña de ámbitos sociales, laborales, familiares, sentimentales y económicos de la persona. Dar cuenta de los motivos que creen por el que se ausentó y si sospecha de alguien vinculado a la desaparición y relatar los recorridos o rutinas diarias. Tener presente cuál es su pareja sentimental, si ha sido víctima de algún tipo de violencia de género y las características de las amistades. Incluso recordar si tuvo llamadas extrañas anteriores a la desaparición.
Los investigadores deberán consultar todas las redes sociales del desaparecido, e incluso evaluarán si dan paso al Servicio de Asistencia a la Víctima para la familia. Uno de los postulados sostiene que habrá que relevar del caso a los integrantes de la policía si surge la probable participación en los hechos de algunos de sus integrantes.
Cada vez que un menor de edad desaparezca deberá tomar conocimiento el Asesor de Menores de turno y se le dará comunicación al Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. Si un ascendiente o familiar se lo llevo consigo o lo sustrajo, las autoridades deberán evaluar si existía autorización o consentimiento de las personas que ejercen la patria potestad o custodia, o bien, autorización judicial.
Los investigadores tendrán la obligación de efectuar periódicamente un relevamiento del caso, de las diligencias practicadas y las pendientes de producción y hasta incluso podrán acudir a la difusión de casos a través de los medios de comunicación.

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