Los imputados de asesinar al ingeniero arriesgan penas de entre 15 y 20 años

La juez penal Gladys Olavarría confirmó ayer el mantenimiento de la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar a juicio para Enzo Uranga y Lautaro Hernández. Ambos fueron reconocidos por las víctimas en una rueda de personas. Están imputados como coautores del homicidio de Jhon Blas Gutiérrez, ocurrido el 20 de enero último durante un asalto a la tienda de sus padres en el barrio Moure.

Enzo Uranga y Lautaro Hernández, presuntos coautores del homicidio de Jhon Blas Gutiérrez (27), el ingeniero de YPF asesinado el 20 de enero de este año en el comercio de sus padres en el barrio Moure, arriesgan una pena de entre 15 y 20 años.
Según el relato fiscal sobre el crimen, a las 20:30 de ese viernes Uranga y Hernández ingresaron a la tienda haciéndose pasar como clientes. Los propietarios, quienes pertenecen a la comunidad boliviana, conocían a los jóvenes ya que son del mismo barrio.
En presencia de los dueños del comercio y de su hijo John, quien acababa de llegar de su trabajo en el yacimiento petrolero Los Perales, los jóvenes simularon que se probaban unas camperas. Sin embargo, uno de ellos extrajo un arma de fuego y sin que las víctimas se resistieran disparó contra Jhon. La bala lo alcanzó a la altura del pecho. Después el mismo individuo se dio media vuelta y le disparó en la pierna izquierda al padre de la víctima, Marcial Blas. Como no pudieron llevarse dinero, los asaltantes se alzaron con dos camperas y una par de zapatillas de lona.
Mientras en el Hospital Regional se confirmaba el fallecimiento de Jhon Blas, la policía demoraba en las cercanías del lugar del asalto a Uranga y a Hernández, quienes fueron imputados de homicidio. Ayer ambos fueron sometidos a una revisión de la medida de prisión preventiva y se confirmó la continuidad de sus detenciones hasta la audiencia preliminar a juicio.
En consideración del funcionario de Fiscalía Cristian Olazábal existen elementos de convicción suficientes para tener a los imputados como probables coautores del delito investigado. Se ha presentado acusación pública del caso y una rueda de reconocimiento de personas arrojó resultado positivo contra ambos imputados.
Olazábal anticipó que la pena que la Fiscalía pretende solicitar en caso de que los imputados sean declarados responsables, es de 20 años de prisión para Uranga y de 15 años para Hernández. Por último se refirió al peligro de entorpecimiento ya que ambos conocen a las víctimas y testigos.
En contraposición Mauro Fonteñez, defensor de Hernández aseguró que la prisión preventiva no debe mantenerse y que la libertad y el principio de inocencia deben gobernar el proceso. Negó la existencia del peligro de fuga y de entorpecimiento ya que su pupilo es nacido y criado en Comodoro Rivadavia y que la causa ya se encuentra acusada, entonces no hay forma de entorpecer la prueba. Pidió así el arresto domiciliario de Hernández, con permiso de salidas laborales y prohibición de acercamiento a víctimas y testigos.
Mientras que la defensora pública de Uranga, María de los Ángeles Garro no objetó la medida de prisión solicitada por la Fiscalía. Explicitó que se ha dado intervención al Servicio Social de la Defensa que está trabajando para aportar un domicilio alternativo a su defendido y cuando se obtenga se solicitará una medida sustitutiva para él.
Olavarría resolvió mantener la medida de prisión que pesa sobre ambos imputados. Se extenderá hasta el desarrollo de la audiencia preliminar donde se tratará la acusación pública presentada por la Fiscalía. Argumentó la existencia de elementos de convicción suficientes para tenerlos como probables autores del ilícito investigado, por el peligro de fuga a partir de la gravedad del caso, la utilización de un arma de fuego, la violencia desplegada sin sentido y la pena en expectativa en la acusación presentada.
Para concluir la juez se refirió a que ambos imputados conocen a las víctimas y ello configura el peligro de entorpecimiento de la investigación.

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