Los "inspec-chorros" pasarán las fiestas en sus hogares pese a que ya fueron condenados

Mauro Cárdenas y Facundo Garbarino, los inspectores municipales de Tránsito que se hicieron pasar por policías para extorsionar a automovilistas, fueron condenados ayer a cinco años y medio de cárcel por el tribunal que integraron las jueces Gladys Olavarría, Daniela Arcuri y Mariel Suárez. A pesar del pedido de revocación del arresto domiciliario que había planteado la fiscal Camila Banfi para que queden en prisión preventiva por peligro de fuga, las magistradas le concedieron el beneficio de continuar en sus casas hasta que la sentencia quede firme.

El tribunal de juicio presidido por Gladys Olavarría y conformado por Daniela Arcuri y Mariel Suárez dio a conocer ayer la sentencia de cinco años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo para Mauro Cárdenas y Facundo Garbarino por el delito de "extorsión en concurso real con robo agravado con armas en grado de tentativa en calidad de coautores".
Los dos inspectores de Tránsito –ya dados de baja por el municipio- habían sido declarados culpables el 6 de diciembre en el juicio oral y público que afrontaron por los episodios ocurridos el 10 de marzo entre las 4 y las 5 cuando se hicieron pasar por integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Policía del Chubut para extorsionar a conductores que interceptaron en sus vehículos.
Garbarino y Cárdenas amenazaron y atacaron a los automovilistas con un bastón extensible y una picana eléctrica para exigirles dinero a cambio de no secuestrarles los automóviles. Sin embargo, tras esta maniobra ilícita fueron detenidos por la policía y se les secuestraron las armas utilizadas y el dinero de las víctimas. Una de ellas incluso fue picaneada y obligada a ingresar a un banco.
Tras conocerse el lunes en la imposición de pena que la fiscal Camila Banfi había solicitado al tribunal que se los condene a siete años de prisión, ayer el tribunal dio a conocer el veredicto. El delito por el que fueron encontrados culpables prevé un mínimo de 5 años de prisión y un máximo de 20 años. De ese modo, el tribunal debió decidir la pena entre 5 y 7 años de prisión, que finalmente recaló en cinco años y seis meses de cumplimiento efectivo.
El tribunal no admitió "la perforación de los mínimos" que había solicitado el abogado particular de Garbarino, Francisco Romero, pedido que acompañó el abogado de Cárdenas, Alejandro Fuentes, de hasta tres años de cumplimiento efectivo.
Hay que recordar que la Fiscalía citó como agravantes la modalidad de cómo ocurrieron los ilícitos, el despliegue policial utilizado y el uso de uniformes, la pluralidad de autores y que se trató de un plan delictual, la nocturnidad en que fueron cometidos los delitos y la calidad de sujetos como funcionarios públicos, quienes "debieron orientarse en la norma".
Según analizó el tribunal la nocturnidad, solo se daba en el primer caso en donde en medio de la noche se llevó a la víctima a un pasaje oscuro del Abel Amaya, mientras que en el segundo caso no se acreditó. El único atenuante que había tenido en cuenta la fiscal fue la falta de antecedentes penales y la edad de los imputados.
Romero, en tanto, había expuesto que "existen evidencias que no estaban plenamente conscientes de lo que estaban haciendo ya que habían ingerido abundante alcohol".
Pero el tribunal expuso que no se puede ameritar lo que el defensor Romero planteó como un atenuante, debido a que al ser funcionarios públicos debían atenerse a la ética y el decoro. Y en todo caso, la función misma de los inspectores era prohibir manejar con bebidas alcohólicas, algo que ellos mismos infringían según en el expediente, a partir de testimonios sobre su aliento etílico y fotografías de bebidas dentro del vehículo en el que se movilizaban, argumentaron las jueces.
Lo que no pudo acreditar la defensa a consideración del tribunal fue la juventud y el proyecto vital de los imputados, que sí pueden comprender la criminalidad de los hechos. Y sustanció el daño provocado en las víctimas.
Sin embargo, consideraron como procedente los atenuantes de la falta de antecedentes, y que son parte de familias contenedoras, como así también padres de familia. "Las penas no deben trascender a terceras personas", dijo Olavarría. En el caso de Cárdenas se había señalado por parte de su defensor que su hijo comenzaba a tener mal desempeño escolar ante la ausencia de su padre.

FIESTAS CON DOMICILIARIA

En relación a la medida de prisión domiciliaria que venían manteniendo los ahora condenados y que la fiscalía había solicitado que se revoque porque la pena es superior a cinco años –considerando el peligro de fuga y la gravedad del delito-, el tribunal resolvió no hacer lugar y que tanto Garbarino como Cárdenas continúen con la prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.
Ya los defensores adelantaron que recurrirán a instancias superiores para revisar el fallo y hasta una etapa extraordinaria por lo que se presume que la sentencia no quedará firme hasta mediados del año que viene.
De ese modo, tanto Garbarino y Cárdenas, pese a estar condenados a cinco años y medio de prisión de cumplimiento efectivo, podrán pasar las fiestas de fin de año con sus respectivas familias.
Para el tribunal no existe peligro de fuga ya que los imputados sabiendo que la pena sería mayor a cinco años de prisión en la etapa de acusación no se profugaron y cumplieron con los requerimientos judiciales.
Ayer los condenados una vez que se conoció la pena, se fundieron en un fuerte abrazo con sus familiares.

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