Los inspectores de Tránsito imputados de extorsión pasarán dos meses en la cárcel

El Ministerio Público pidió ayer el secuestro y análisis de los teléfonos celulares de Mauro Cárdenas y Facundo Garbarino, los dos inspectores de Tránsito detenidos en la madrugada del jueves como sospechosos de extorsionar a dos automovilistas para robarles dinero. La hipótesis es que las víctimas no fueron elegidas al voleo, sino que existía un plan criminal. La Fiscalía también solicitará a la Municipalidad informes sobre los talonarios de infracción rotos que encontraron en una bolsa en el interior del VW Gol Trend en el que se movilizaban los imputados.

El juez Mariano Nicosia les dictó ayer dos meses de prisión preventiva a los inspectores municipales de Tránsito, Mauro Cárdenas (29) y Facundo Garbarino (27), en la causa que trascendió mediáticamente a nivel nacional como la de los "Inspec-chorros". A la vez, otorgó el mismo plazo para que el Ministerio Público Fiscal reúna todas las pruebas necesarias para la investigación que el magistrado homologó como "extorsión en concurso real con robo agravado por el uso de arma".
En la audiencia de control de detención y formalización de la investigación celebrada ayer, se relató lo que ya había anticipado El Patagónico: que una de las víctimas había sido atacada con una picana eléctrica para intimidarla y obligarla a que extrajera 10 mil pesos del cajero automático de la sucursal del barrio Industrial del Banco Patagonia.
El Ministerio Público Fiscal solicitó tres meses de investigación. Ariel Quiroga, abogado defensor público de Garbarino, objetó la calificación del caso como robo y pidió que se la modificara por la de tentativa de robo. Sin embargo, el juez Nicosia consideró que la calificación de la Fiscalía era acorde.
Mientras Daniel Fuentes, el abogado particular de Cárdenas, consultó si la Fiscalía había secuestrado el vehículo en presencia de un testigo civil, a lo que la parte acusadora dijo que sí, tanto en el secuestro de la custodia cuando el auto fue precintado, como en la requisa del mismo en la Seccional Tercera.
Pese a que sólo uno de ellos tenía en su poder una picana, el Ministerio Público planteó a través de la fiscal Camila Banfi que ambos compartían un plan común, "una empresa criminal colectiva a título de coautores". También consideró que la elección de las víctimas no fue al "voleo" sino que existiría un estudio previo para escogerlas, ya que los conductores extorsionados siempre recorrían el camino en el que fueron interceptados.
Los imputados se abstuvieron de declarar. A la vez, Cárdenas presentó un certificado del jardín de su hijo de cinco años y un informe de la Municipalidad de que es empleado hace ocho años, intentando con ello generar la misericordia que él no tuvo con sus víctimas.

TALONARIOS ROTOS
En el marco de la investigación, la Fiscalía pedirá informes a la Municipalidad por los talonarios de actas de infracción rotos que se hallaron en el interior del vehículo particular en el que se movilizaban los inspectores. También se efectuará una rueda de reconocimiento y se solicitará un registro de las cámaras de seguridad del banco al que ingresó una de las víctimas para extraer dinero.
La defensa de Garbarino dijo que la fotografía de ambos había sido publicada en las redes sociales y que eso viciaría la rueda de reconocimiento, por lo que se pediría su nulidad. Planteó también el arraigo del imputado y que tiene una hija de un año.
Fuentes, en tanto, dijo que a Cárdenas "lo han crucificado mediáticamente" y consideró que la prisión preventiva era una medida de coerción muy grave. Presentó documentación del imputado y dijo que es único sostén de familia, solicitando su libertad con medidas sustitutivas o un arresto domiciliario.
El Ministerio Público pidió tres meses de prisión preventiva por el peligro de entorpecimiento y fuga. Además, detalló los agravantes de los hechos (ver aparte).
El juez Nicosia compartió todos los fundamentos de la Fiscalía, explicando que en tan corto plazo la parte acusadora cuenta con elementos de convicción suficientes para tenerlos como probables autores. También señaló que la expectativa de pena es alta -de 5 a 25 años- en caso de llegar a juicio y establecerse la culpabilidad de los imputados. Así consideró que existe el riesgo de que los imputados puedan fugarse y de que puedan entorpecer la investigación influyendo sobre los testigos.
De ese modo, Nicosia les dictó la prisión preventiva a los dos imputados hasta el 11 de mayo e hizo lugar al pedido de secuestro de los dos teléfonos celulares de los sospechosos en procura de que la Fiscalía investigue su hipótesis sobre la existencia de un plan criminal.
Los detenidos pidieron ser trasladados a las comisarías Quinta y Sexta porque dijeron que desde su aprehensión en la mañana del jueves han tenido problemas de convivencia con los detenidos de la Seccional Tercera.

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