Los inspectores de Tránsito irán a juicio por extorsión y robo armado

Los inspectores municipales Mauro Cárdenas y Facundo Garbarino serán sometidos a juicio oral y público por los dos robos cometidos a automovilistas en los que están sospechados. De acuerdo a la imputación, se hicieron pasar por efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones para extorsionar a las víctimas y torturar a una de ellas. Seguirán con arresto domiciliario hasta el debate.

La audiencia preliminar a juicio se desarrolló en la mañana del lunes en la sede de los tribunales penales de Comodoro Rivadavia. La misma estuvo presidida por el juez natural de la causa, Mariano Nicosia.
En el comienzo el funcionario fiscal Cristian Olazábal hizo referencia a los delitos incluidos en la acusación del caso ocurrido el 10 de marzo.
Relató que cerca de las 4 de ese día la primera víctima, quien circulaba a bordo de su vehículo, se había retirado de su lugar de trabajo y se dirigía a dejar a una compañera a su vivienda del barrio San Cayetano.
El automovilista advirtió que era seguido por un automóvil, pero continuó su marcha. Luego fue obligado a frenar por dos individuos vestidos como agentes de tránsito que le exigieron la documentación del rodado.
Los individuos simularon pedir por radio datos del dominio del automóvil mientras le solicitaban al conductor los papeles del automotor refiriendo que eran integrantes de la Brigada de Investigaciones. Le informaron a la víctima que el vehículo tenía pedido de secuestro y que si quería llevárselo debía "pagar una coima".
Tras la intimidación la víctima entregó $1.000 y los inspectores al ver que era poca cantidad, le arrebataron la totalidad del dinero que tenía en su billetera y que oscilaba en $8.000. Antes de retirarse, lo amenazaron diciéndole: "no vayas a la Fiscalía a hacer la denuncia porque no me cuesta nada encapucharme y hacerte cagar".
El segundo delito que se les imputa se registró dos horas después, a las 6, cuando una persona se movilizaba en su auto por Constituyentes e Yrigoyen. Fue interceptado y esta vez los individuos descendieron de su vehículo con bastones extensibles. Otra vez afirmaron pertenecer a la Brigada de Investigaciones y le dijeron que le iban a secuestrar el vehículo.
Ante la situación, la víctima respondió que no tenía el dinero suficiente que le exigían. Entonces, uno de los individuos se subió al vehículo y obligó a la víctima a dirigirse a un cajero automático a retirar dinero. En el viaje le aplicaba descargas eléctricas con una picana para intimidarlo.
Al ingresar la víctima al cajero del Banco Patagonia del barrio Industrial, el hombre le pidió a un ocasional testigo que informara a la policía que lo estaban robando. Luego les entregó el dinero a los extorsionadores y se dirigió a realizar la denuncia a la Seccional Tercera, ubicada a pocas cuadras. Minutos después ambos sospechosos fueron detenidos en las cercanías.

RECHAZAN SOBRESEIMIENTO
En este contexto, Olazábal calificó los ilícitos como "extorsión en concurso real con robo agravado por el uso de arma", en calidad de coautores para ambos imputados. Además, solicitó que se mantenga el arresto domiciliario que cumplen Cárdenas y Garbarino hasta la celebración del juicio y que se eleve la causa a debate.
Mientras, el defensor Francisco Romero que asistió a Garbarino no cuestionó la acusación, pero planteó una reserva respecto de la calificación legal imputada a su defendido.
En tanto el abogado Alejandro Fuentes, quien representó a Cárdenas, planteó su sobreseimiento por el primer delito referido a la extorsión, debido a que la rueda de reconocimiento para él fue negativa.
Respecto al segundo delito cuestionó la calificación legal ya que a su entender debía encuadrarse el mismo como cohecho y robo en grado de tentativa ya que se recuperó el dinero.
Asimismo, las partes ofrecieron la prueba testimonial y documental con la que abordarán el debate. En su resolución, el magistrado resolvió mantener el arresto domiciliario de ambos imputados por el término de dos meses, o bien hasta el inicio del debate. Rechazó el sobreseimiento y elevó la causa a juicio oral y público ante un tribunal colegiado.

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