Los integrantes del IPV imputados no podrán acercarse a sus oficinas

Por el delito de asociación ilícita fueron imputados siete de los ocho agentes que están o estuvieron vinculados, entre 2011 y 2014, con el Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Comodoro Rivadavia, quienes no podrán acercarse al organismo ni a los testigos. Entre ellos se encuentra el ex delegado zonal, Abel Reyna.

Tal como lo adelantó en exclusiva El Patagónico en su edición anterior, se llevó a cabo ayer la audiencia de apertura de la investigación contra el ex delegado del IVP Zona Sur, Abel Reyna, y siete empleados del organismo, entre los que se encuentran Darío Acosta, Ana Caro, Raquel Antimilla, Fabiana Onieva, Alejo Recalde, Claudia Leonori y Vanesa Crosoli Medina. Esta última no asistió a la audiencia porque se habría producido un error en la notificación, en virtud de lo cual se volverá a notificarla en su domicilio laboral para realizar por ella una nueva audiencia.
El acto de ayer fue presidido por la juez penal, Mariel Suárez, mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general, Camina Banfi, y el funcionario Martín Cosmaro. En tanto, Reyna fue asistido por el abogado particular Guillermo Iglesias; Acosta, por Francisco Romero, y los cinco restantes por el defensor público, Esteban Mantecón.
Según la Fiscalía, los imputados formaron parte de una asociación entre diciembre de 2011 y octubre de 2014. La existencia y finalidad de la misma consistía en montar una estructura destinada a efectuar de manera ilegal la pre adjudicación y adjudicación de distintos inmuebles construidos por el IPV -específicamente el plan 81 Viviendas del barrio Ciudadela- a personas que no reunían los requisitos de la normativa vigente, como así también favorecerse ellos mismos y sus familiares.
Asimismo, les permitió a sus miembros obtener beneficios patrimoniales a través del cobro de dinero resultante del arreglo de esos inmuebles, cuyo desembolso se hacía en la sede del IPV Comodoro Rivadavia, añade la presentación del Ministerio Público.
Las maniobras no obedecían a ningún criterio de selección de necesidad social o de emergencia habitacional, ni en la prioridad de la lista de inscriptos, sino que los coimputados actuaban coordinadamente y llevaban a cabo una selección irregular de los destinatarios de las viviendas, señala la imputación.
EL DELEGADO ERA EL JEFE
Al mencionar el detalle sobre la forma de organizarse, la fiscal señaló que Reyna -ex delegado del IPV durante el gobierno de Martín Buzzi, de quien fue subsecretario de Cultura en Comodoro cuando el último era intendente- se desempeñó como jefe de la asociación ilícita y procuró la obtención de beneficios patrimoniales para su fin o para otros integrantes de la organización.
En actuación coordinada con Acosta –siempre según la acusación-, se encargaban de seleccionar personas por sus importantes ingresos económicos, a quienes se les cobraba entre 80 y 100 mil pesos que se desembolsaban en el IPV.
Además de Reyna y Acosta, la banda estaba conformada por los empleados Raquel Antimilla, Claudia Leonori, Fabiana Onieva, Ana Caro, Vanesa Crosoli Medina y Alejo Recalde, relató la fiscal Banfi.
Agregó que Reyna omitió cumplir con los deberes que le correspondían como funcionario público, conforme a las leyes como la de ética pública y demás que regulan el procedimiento de adjudicación por parte del Instituto Provincial de la Vivienda.
En el caso de Acosta, se desempeñó como organizador, ocupándose de tramitar y cobrar dinero proveniente de las adjudicaciones irregulares y de agilizar los trámites administrativos. Además, junto a Reyna coordinó la tarea de los otros integrantes para la confección de legajos irregulares de las 81 Viviendas, los cuales no contaban con los protocolos y requisitos legales para la adjudicación, indica la imputación.
En su extensa exposición, la fiscal destacó que entre las irregularidades figuran favores sexuales a Reyna a cambio de una vivienda y mencionó que hubo casas que salieron a la venta a través de una inmobiliaria.

ASOCIACION ILICITA
El delito fue calificado como asociación ilícita, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de jefe para Reyna. En el caso de Acosta, en carácter de organizador en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que Antimilla, Leonori, Onieva, Caro y Recalde fueron imputados en carácter de partícipes en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusadora pública pidió un plazo de seis meses para culminar la investigación y adelantó que la expectativa de pena para Reyna y Acosta es de cumplimiento efectivo. Sin embargo, reconoció que tienen arraigo en esta ciudad y por tal motivo solicitó una medida sustitutiva de la prisión preventiva por entorpecimiento de la investigación, algo que le alcanza al resto de los imputados.
En tal sentido, pidió la prohibición de acercamiento tanto a la delegación local del IPV, como a los adjudicatarios de las 81 Viviendas del barrio Ciudadela y a los demás testigos que figuran en el expediente.
En consecuencia, y teniendo en cuenta que a excepción de Reyna, todos continúan trabajando en el IPV, pidió que se informe al Poder Ejecutivo Provincial para que les designe nuevo destino de trabajo.
Tras ser asesorados por sus respectivos defensores, ninguno de los imputados hizo uso del derecho a declarar y fueron los abogados los que se expresaron.
En el caso de Iglesias, sostuvo que los que deben estar imputados son el ex presidente del IPV, Ricardo Trovant, y el ex gobernador Buzzi, considerando que "la vivienda es un recurso político que tiene el Estado para dársela a quien considere" y agregó que "las listas de adjudicatarios venían desde Rawson".
En tanto, el defensor público se opuso a la apertura de investigación en contra de sus cinco asistidos porque entiende que "no existe ningún tipo de actividad ilícita demostrada por la Fiscalía", y a su entender "en todo caso podría haber incumplimiento, pero no actividad delictiva".
Finalmente la juez entendió que existen elementos de convicción para formalizar la apertura de investigación y así lo hizo. Además, le otorgó el plazo de seis meses a la Fiscalía para culminar la investigación e hizo lugar a las medidas de prisión morigeradas que solicitó para todos los imputados, quienes no podrán acercarse a la delegación del IPV, ni a los testigos.

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