Los que durmieron cuatro años

Más allá de los proyectos que quedaron pendientes durante el último período ordinario de sesiones, que culminó el pasado 30 de diciembre, sobresalen otros dos proyectos que habían sido acuñados en 2011 como emblema de la gestión que culminó hace 20 días y que nunca llegaron a ver las luz, más allá de los planteos mediáticos.
El ordenamiento de la feria "la Saladita" fue una de las primeras iniciativas de la entonces flamante gestión municipal de Néstor Di Pierro. La feria irregular había demandado varios esfuerzos por organizarla, abarcando desde las cuestiones bromatológicas y de higiene, hasta incluso evaluar la reubicación luego de varios hechos de inseguridad que incluyeron el rapto y abuso de una niña de 7 años.
Aunque la premisa de regular el funcionamiento de la feria en el marco de ordenanzas abarcaba incluso la cantidad de stands o puestos admisibles, y las condiciones y productos que se podrían comercializar en ese marco, el intento no tardó en evidenciar una interna entre los que vivían del rol de vendedores ambulantes, y los que tenían montando un comercio en torno a la feria y su manejo.
El Concejo registró varias reuniones con los vendedores, visitas in situ y llegó a abrir un registro para empadronar a cada uno de los puesteros, aunque esas fueron las últimas noticias trascendidas en torno a un proyecto sobre el que se trabajó durante un año completo sin llegar a ningún lado.

EL OFICIO MAS ANTIGUO
La regulación de la prostitución y la "casería" de vips fue otro de los ejes primordiales en los que se enfocó el inicio de la gestión parlamentaria. En ese marco, se evaluó desde la posibilidad de penalizar a los propietarios de departamentos que, alquilados, funcionaran como vip, y se habilitó una serie de potestades para la Secretaría de Seguridad municipal, autorizando operativos conjuntos con el área de Habilitaciones para, en busca de comercio ilegal de bebidas alcohólicas, poder requisar y clausurar locales.
El intento incluso reflotó el proyecto de 2007 de la ex concejal Judith Jozami para establecer una zonificación e intensificar los controles sanitarios de las mujeres que ejercieran como "damas de sala", según el rotulo de la antiquísima ordenanza que rige la actividad en la ciudad, aunque en realidad el fondo del proyecto era poder cambiar la figura, garantizando así a trabajadoras sexuales la posibilidad de tributar por su actividad y efectuar aportes jubilatorios, mientras que la comuna absorbía el rol de fiscalización y control.
La iniciativa tomó ribetes nacionales entendiendo que implicaba lisa y llanamente legalizar el ejercicio de la prostitución, con lo que quedó en el olvido, mientras que la clausura de los departamentos que funcionaran con esos fines determinó el reclamo de las trabajadoras sexuales -organizadas incluso en sindicato a nivel nacional–, considerando que su cierre favorecía la figura del "intermediario" o proxeneta, que tiene habilitados locales nocturnos en distintos puntos de Comodoro, incluido el centro.

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