Los resultados de la anterior auditoría

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) había atravesado ya un proceso de revisión en 2011 en el marco de una auditoría encargada a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Sus resultados, que se dieron a conocer a finales de mayo de 2012, coincidieron con el despido de tres directivos de la entidad: el gerente Pablo Ortega, el gerente legal e institucional Claudio Jurdana y la contadora Catalina Moroso de Inglada.
El principal motivo para separar de la institución a tales directivos había sido la diferencia de 12 millones de pesos en uno de los balances generales analizados, un monto sin comprobar por el que se responsabiliza operativamente tanto a Jurdana como a Ortega, mientras que Inglada dio aval con su firma a un balance cuestionado por la auditoría. Un dato no menor es que tal diferencia representaba en esa fecha el 10% del déficit de la SCPL.
Los tres nombres indicados son a los que apuntó directamente el pedido de revisión que había elevado el entonces vocal Miguel Montoya, el 5 de diciembre de 2011, al síndico de la entidad, Germán Issa y sobre el que se basó la auditoría encargada a la Universidad.
Es así que aunque ésta no abarcó otros nombres, en ese contexto la expectativa era que los resultados de la investigación habilitaría una segunda etapa, que finalmente no se dio aunque se esperaba avanzar sobre el desempeño de varios directivos, entre ellos Bruno Stange, por supuesta vinculación directa con dos sociedades anónimas controladas por la SCPL: Pecorsa y Transacue.
Además, la auditoría reveló que en 2011 la SCPL tenía 615 agentes. Ocho de ellos permanecían con licencias gremiales con goce de haberes, y la plantilla de trabajadores, gerentes incluidos, representó en el ejercicio mencionado una masa salarial mensual de 8,9 millones de pesos. Mientras, los "plus" que se abonan por gremios impactaron presupuestariamente con otros 11,7 millones de pesos, a razón de $5.900.000 liquidados a los agentes de Obras Sanitarias, y otros $5.800.000 a los de Luz y Fuerza. De la comparación de cifras podía deducirse que los bonos o plus liquidados superan el "piso" establecido por convenio del 100% de un salario.
En la estructura jerárquica de la SCPL existían ocho gerencias, cargos asimilados al convenio colectivo de Luz y Fuerza, aunque con categorías que exceden tal escalafón y fueron creadas en su momento por el Consejo de Administración. De acuerdo a información extraoficial que pudo recabar entonces El Patagónico, mientras el convenio admite hasta la categoría 18, los gerentes revistan como categoría 19 a 21, debiéndose destacar que tal encuadre les concede también el beneficio de las liquidaciones de bonos y plus.
En tal contexto, el pago de los ocho gerentes insumió el 3% de la masa salarial de la entidad, con salarios promedio de $41.700. Con tales bases salariales, es de destacar que durante febrero de ese año los gerentes Claudio Jurdana y Pablo Ortega -los mismos que fueron desplazados de sus cargos a consecuencia de esta auditoría- habrían percibido remuneraciones cercanas a los $170.000 y $200.000, producto de la liquidación salarial, vacaciones y BAE (Bono Anual de Eficiencia).
En cuanto a los servicios, dado que a diferencia de la auditoría ordenada ahora por el Tribunal de Cuentas Municipal, la de 2011 -año en que se había congelado la tarifa eléctrica – el control también abarcó los conceptos operativos de la entidad; y arrojó que las facturas al contribuyente multiplicaban el costo real de la energía por 2,55, un notorio sobrecosto trasladado al usuario cuando la SCPL acumulaba ya una deuda del orden de los 130 millones de pesos.

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