Lula da Silva fue condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción

La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras, quien encontró a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de cárcel por un tribunal de primera instancia, por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras.
La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal, quien encontró a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Seguirá en libertad a la espera de su apelación.
Lula podrá ser detenido si la sentencia es confirmada en segunda instancia por el tribunal regional de Porto Alegre, algo que también lo puede sacar de la carrera presidencial de 2018 ya que Moro lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 19 años. El ex presidente había dicho que cualquier condena en su contra "sería parte de una acción política" por parte del magistrado.
El juez Moro, a quien Lula denunció por persecución ante el comité de Derechos Humanos de la ONU, escribió que existe una "culpabilidad elevada" del expresidente. "La responsabilidad de un presidente de la República es enorme y por eso también su culpabilidad cuando comete delitos", sostuvo el magistrado de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná.
Esta es la primera condena que recibe el exmandatario, quien aún responde en otras cinco causas penales abiertas por la Justicia, la mayoría de ellas relacionados con el caso Petrobras.
En el caso de la sentencia dictada, Lula era acusado por la Fiscalía de corrupción pasiva y lavado de dinero por supuestamente haber recibido 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) en sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora OAS y Petrobras.
El pago de esas coimas se habría materializado en la reserva y reforma de un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá, en el litoral del estado de San Pablo, y el pago del almacenamiento de los regalos recibidos durante su gestión (2003-2010).
El inmueble aparece en los registros como propiedad de la constructora OAS, una de las implicadas en el escándalo de Petrobras, pero según la acusación el verdadero dueño sería Lula, quien lo habría recibido en concepto de soborno, es decir, a cambio de "favores" hechos desde el poder a esa constructora.
A pesar de la condena, el exmandatario aún puede aspirar a ser candidato para las elecciones generales de 2018, lo cual solo sería impedido si la sentencia fuera ratificada en segunda instancia. Lula aparece actualmente como el líder más valorado en las encuestas y aunque aún no ha lo ha hecho oficial, ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de volver a competir en unos comicios.
Además de las causas ya abiertas, Lula puede llegar a ser investigado en otros seis procesos más, según solicitó la Corte Suprema con base en confesiones hechas por exdirectivos del grupo Odebrecht, y también está salpicado por revelaciones de ejecutivos del grupo cárnico JBS.

"UN ABSURDO JURIDICO"

La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff repudió ayer la condena de 9 años y medio de prisión contra el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y afirmó que el veredicto del juez Sérgio Moro "es un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil e hiere profundamente la democracia".
"Sin pruebas, están cumpliendo el guión trazado por los grandes medios de comunicación. Hace años que Lula, el presidente más popular de la historia del país y uno de los líderes más importantes del siglo XXI, viene sufriendo una persecución sin cuartel", dijo Dilma en un comunicado.
Según Rousseff, destituida en juicio político por violar la ley de responsabilidad fiscal, Brasil "no puede aceptar más este paso en dirección hacia el estado de excepción: las garras de los golpistas intentan manchar la historia de un héroe del pueblo brasileño. No lo lograrán".
Rousseff plantea que Lula podrá ser candidato en 2018 -algo que ocurrirá si la sentencia no es confirmada en segunda instancia- y en ese momento "el pueblo sabrá democráticamente rescatarlo".
El Partido de los Trabajadores (PT) calificó al fallo como un "atentado contra la democracia" en un comunicado.
El senador Ronaldo Caiado, jefe del bloque de senadores del derechista partido Demócratas, afirmó que se "hizo justicia porque el juez Moro consideró que Lula se enriqueció con su cargo, además que era una sentencia reclamada por la sociedad".

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