Madre e hija acusadas de la muerte de un bebé recuperaron la libertad

A pedido del abogado defensor de una mujer y de su hija de 17 años, quienes fueron imputadas por la muerte dudosa de un bebé que dio a luz la adolescente en su casa de Sarmiento, ayer los jueces Martín Zacchino y Hernán Val Derme, de Esquel, revocaron la prisión preventiva y la internación que había dictado el juez de la causa Roberto Casal, de manera respectiva. Para la madre del recién nacido también se dispuso que un juez de Familia ordene las medidas de protección necesarias.

Tras formalizarse el martes la apertura de la investigación por la muerte de causa dudosa de un bebé nacido el 5 de marzo en un domicilio de Sarmiento, ayer se realizó la audiencia de revisión de las medidas de coerción que dictó el juez Roberto Casal. Tuvieron que actuar dos jueces de Esquel a través de videoconferencia.
El martes, el magistrado de Sarmiento imputó a Miriam Marcela Sahiueque (37) y a su hija de 17 años como presuntas coautoras del delito de homicidio agravado por el vínculo. Además, dispuso la prisión preventiva de la mujer y la internación de su hija a los fines de que reciba tratamiento psicológico.
Según entendió Casal, las mujeres son sospechosas de haber colocado un bollo de papel en la boca del bebé recién nacido -hijo de la adolescente- y causarle la muerte como consecuencia de una obstrucción de las vías respiratorias.
En ese marco, el defensor público Gustavo Oyarzún requirió al tribunal que otorgue la libertad de las imputadas en función de no observar elementos objetivos de su participación en la muerte del recién nacido y además por no configurarse el peligro de fuga.
También consideró que la decisión del juez natural se basó en la elaboración de subjetividades que no tienen apoyatura en evidencia científica. Por ello, calificó de arbitraria la decisión del magistrado. En caso de que los jueces revisores decidieran la continuidad de la medida, peticionó el abogado que la misma fuera en la modalidad de prisión domiciliaria para ambas mujeres.
El asesor de Familia, Menores e Incapaces, Tomás Malerba, adhirió a lo expresado por el defensor público e hizo reserva del caso federal por considerar irrazonable la detención de la adolescente.
En tanto, el fiscal general Herminio Gonzales Meneses pidió al tribunal que rechazara los planteos del abogado defensor y de la Asesoría de Menores. Recordó que la pieza de pedido de apertura y formalización de la investigación se presentó el viernes y en principio la causa estaba basada en presunto aborto.
Al cambiar la calificación por homicidio agravado por el vínculo solicitó que se mantenga vigente la resolución judicial del juez sarmientino.

EN LIBERTAD
La adolescente, en la audiencia de revisión de ayer amplió su declaración ante los magistrados de Esquel y mantuvo su versión inicial al ofrecer descripciones más detalladas de los diversos momentos y acciones que realizó desde la noche del sábado 4 de marzo hasta el momento en que su padre se presentó en la Comisaría de esa ciudad para informar lo ocurrido en su casa.
Agregó que había buscado en internet toda la información relacionada a los síntomas de parto. Negó la situación del nacimiento del bebé aun cuando su madre había hallado el cuerpo sin vida en el último cajón del armario, ubicado en la pieza de la joven.
Sahiueque, mientras tanto, aseguró que al observar las manchas de sangre en la habitación de su hija le preguntó si había tenido un aborto. Ante la respuesta negativa de la joven, eligió creerle. Luego comenzó con la limpieza del colchón y otros elementos. "Cuando el padre fue a la policía en lo único que pensé es que nadie nos iba a creer lo que había pasado y que nos iban a meter en cana", dijo la mujer.
Tras escuchar a las partes, los magistrados consideraron que el indicio de presencia y oportunidad invocado por el fiscal no era suficiente para fundamentar el dictado de la prisión preventiva de la madre de la chica. Tampoco -sostuvieron los jueces- la Fiscalía explicó el peligro de fuga y las cuestiones vinculadas a la falta de arraigo o actitud de entorpecimiento en la investigación.
Por ello, decidieron cautelar el proceso durante seis meses mediante la fijación de las siguientes reglas: las imputadas deben fijar domicilio, tienen prohibido salir de la provincia sin autorización judicial y deben presentarse semanalmente en la Oficina Judicial.
Los jueces además resolvieron remitir los antecedentes del caso al juez de Familia de esa ciudad a los fines de que adopte las medidas de protección que considere necesarias, en resguardo de los derechos de la menor imputada.

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