Mantienen la prisión preventiva para los imputados por el homicidio del ingeniero

En horas de la mañana se desarrolló, en sede de los tribunales penales del barrio Roca, la audiencia de revisión de la prisión preventiva a los imputados Enzo Martín Uranga y Lautaro Hernández. Ambos son imputados por el homicidio de John Blas Gutiérrez.

El acto lo presidió Gladys Olavarría, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Cristian Olazabal, funcionario de fiscalía; la defensa de Hernández fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular; y la de Uranga por María de los Ángeles Garró, defensora pública.

En un primer momento el representante de fiscalía solicitó el mantenimiento de la medida de coerción, dispuesta por cuatro meses al momento del control de detención y que vence hoy a las 12 horas, ratificando la acusación pública presentada por el Ministerio Público Fiscal en contra de ambos imputados. La medida de coerción fue solicitada en virtud que se mantienen vigentes los riesgos procesales y para asegurar el proceso. Son reconocidos como las personas que ingresaron al comercio, simulando ser clientes, se probaron prendas, y cuando se dirigen a la caja a pagar extraen un arma y producen el despojo y el delito contra la vida del comerciante.

Asimismo el acusador público hizo referencia a los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación existentes en la causa. Fuga por las características graves del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento. Por el uso de un arma de fuego y la violencia física desplegada, desmedida, que provocó el resultado muerte. Anticipando que la pena en expectativa que la fiscalía pretende, en caso de ser declarados responsables, para Uranga es de 20 años de prisión; en tanto que para Hernández de 15 años.

En contraposición el defensor de Hernández aseguró que "la prisión preventiva no debe mantenerse y que la libertad y el principio de inocencia deben gobernar el proceso". Negando la existencia del peligro de fuga ni el de entorpecimiento ya que su pupilo es nacido y criado en Comodoro y que la causa ya se encuentra acusada, entonces no hay forma de entorpecer la prueba. Pidiendo por ello el arresto domiciliario de Hernández, con permiso de salidas laborales y prohibición de acercamiento a víctima y testigos.

Finalmente la jueza penal resolvió mantener la medida de coerción que pesa sobre ambos imputados hasta la celebración de la audiencia preliminar donde se tratará la acusación pública presentada por la fiscalía. Asimismo y para concluir, la jueza se refirió a que ambos imputados conocen a las víctimas y ello configura el peligro de entorpecimiento de la investigación.

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