Más críticas a la "audiencia informativa" por aumentos impulsada por el Gobierno

Aranguren habló de una audiencia "informativa" y a la vez "participativa", en un nuevo intento por legitimar las alzas, aún cuando un mecanismo como el anticipado seguiría siendo objetable en la Justicia debido a que resultaría posterior a la toma de la decisión.

El juez federal platense Alberto Recondo, quien a fines de mayo pasado falló contra los topes al tarifazo en el gas, recordó que en ese dictamen había dado 20 días al Gobierno para que convocase a una audiencia pública y sostuvo que si la medida "se hubiera hecho en ese momento, hubiese sido dentro del marco jurídico" y "habría sanado la situación".
En tanto, para el presidente de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, "no alcanza solo con realizar una audiencia informativa" para levantar los amparos que frenaron los aumentos de las tarifas de luz y de gas y pidió que se discutan los incrementos "con toda la información sobre la mesa".
"Queremos discutir qué es lo que estamos pagando, cuál es el precio real, y ver qué pasa en cada una de las ciudades, porque la realidad es distinta en cada una de las provincias", puntualizó Procelli y señaló que "más allá de que la audiencia es una exigencia formal de la ley, hay que empezar a discutir qué compone la tarifa social de la luz y del gas".
Por su parte, al ser consultado por radio La Red sobre si la polémica audiencia informativa que impulsa la gestión de Mauricio Macri permitirá que se apliquen los aumentos, el juez Recondo respondió: "en este momento no me animaría a decirlo tan claramente que sí". "Va tener que anexarse con la decisión judicial para que sea algo efectivo y no sea simplemente una muestra de buenos deseos", añadió.
En este sentido, advirtió que "no es tan claro" que la polémica audiencia pública que impulsará la gestión de Mauricio Macri sirva para resolver la situación. "Hay un consenso generalizado en que debió hacerse una consulta previa antes para establecer el cuadro tarifario", insistió.
"Yo no suspendí el cuadro tarifario y tampoco lo anulé, establecí un plazo de 20 días para que se hiciera la audiencia pública. Si se hubiera hecho en ese momento era dentro del marco jurídico porque era un fallo y seguramente se hubiera saneado la situación", planteó el titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal 4.
En tanto, Procelli reiteró que "la audiencia sola no alcanza" y subrayó que "de hecho se ha hecho una en Mar del Plata que se ha impugnado porque no estaban dadas las condiciones, porque no estaba toda la información y no estaban todas las partes".
Por su parte Héctor Polino, titular de la Asociación Consumidores Libres, manifestó que el Gobierno "sigue incumpliendo sus obligaciones. No sirve la audiencia de la que habló Aranguren, si no se le da participación a los usuarios no está en línea con lo que establece la Constitución".
"Estamos estudiando el tema del aumento del agua para presentar un amparo colectivo la semana que viene", añadió en este marco en declaraciones a Futurock.
Cabe recordar que ayer, Aranguren habló de una audiencia "informativa" y a la vez "participativa", en un nuevo intento por legitimizar las alzas, aún cuando ese mecanismo sería siendo objetable en la Justicia debido a que resultaría posterior a la toma de la decisión.

LA "AUDIENCIA"
Los ministros de Justicia y Energía, Germán Garavano y Juan José Aranguren, anunciaron que el Gobierno llamará a audiencias públicas para tratar los aumentos dispuestos en gas y electricidad que fueron frenados en distintas instancias judiciales.
Aranguren habló de una audiencia "informativa" y a la vez "participativa", en un nuevo intento por legitimar las alzas, aun cuando un mecanismo como el anticipado seguiría siendo objetable en la Justicia debido a que resultaría posterior a la toma de la decisión.
Aranguren consideró que un "principio de solución" al conflicto de las tarifas de gas es la audiencia pública para el valor del transporte y la distribución, que forma parte de la revisión integral de los contratos y que ya fue convocada para octubre. En opinión del Gobierno, no es necesario celebrar audiencia por el precio del gas que perciben las petroleras y por el precio mayorista de la energía.
Por eso dijo: "Si la gente, los políticos, los jueces o los periodistas piensan que tenemos que hacer una audiencia pública para lo que es el valor de la generación de electricidad y el precio de gas en boca de pozo, bueno, vamos a hacer una audiencia pública".

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