Montoya aseguró que los fondos para Caleta Córdova ingresaron a las cuentas de Provincia

El ex fiscal de Estado, Miguel Montoya, a quien su sucesor en el cargo endilgó el cobro irregular de honorarios y cuestionó el acuerdo arribado por el daño ambiental en Caleta Córdova, ratificó ayer que los 5 millones de dólares reclamados ingresaron a las cuentas provinciales. También manifestó que en setiembre de 2015 se licitó una de las obras de infraestructura básica por $32 millones, que debía continuar la actual gestión.

Tras la discusión iniciada en torno a los 5 millones de dólares que Provincia debía administrar en obra pública para Caleta Córdova, en el marco de la compensación por el derrame de un buque de Antares Naviera en diciembre de 2007, ayer el ex fiscal de Estado de Chubut, Miguel Montoya, ratificó que los fondos ingresaron a las arcas chubutenses, y que tuvieron imputación a obras que debía continuar la actual gestión provincial, en función de los plazos ya que las licitaciones se efectuaron en setiembre de 2015.
Según informó, los dineros fueron depositados en la cuenta judicial del Juzgado Federal, y tras la presentación del oficio, se transfirieron a través del Banco Nación a las cuentas de rentas generales de Chubut. En función del decreto firmado en torno al acuerdo, esos 5 millones de dólares pagados por la aseguradora de la naviera debían afectarse a dos tipos de obra para el barrio: las de infraestructura básica, y el resto para calles interiores, entre los que se contaba una partida de 3 millones de pesos para destinar al paseo costero.
"Una de las obras -la primera- se licitó y adjudicó en setiembre y la otra quedó en proceso. La licitación fue por 32 millones de pesos; si la mantuvieron o no ya no lo sé porque vino el cambio de gestión", refirió.
Más allá de ese punto, Diego Martínez Zapata, actual fiscal de Estado, cuestionó directamente el rol de Montoya en el acuerdo judicial al que se llegó. Aseguró que se debía sostener un reclamo en el orden de los 50 millones de dólares, y también por el cobro de honorarios de abogados, equivalentes a 3,4 millones de pesos que calificó como "fuera de convenio".
Sobre el primer eje, subrayado por la actual gestión como una irregularidad, Montoya indicó que al quedar Provincia como único actor pendiente en la causa y con un reclamo que abarcaba el impacto ambiental y no solo la reparación, había algunos inconvenientes con los elementos de prueba que no se hicieron de modo anticipado y quedaron a resguardo durante siete años.
"El seguro se avino a negociar para no tener sentencia en Argentina respecto de impacto ambiental porque les cambiaba la jurisprudencia, y eso motivó el acuerdo sobre una oferta razonable que hizo el seguro", detalló Montoya.
Subrayó además que no podía determinar qué monto diferente hubiera implicado la sentencia, ya que tendría proporción directa con el daño ambiental que pudiera probarse.

HONORARIOS
Respecto de los honorarios, señaló que el monto de 3,9 millones de pesos fue regulado por el Juzgado Federal, que determinó la cifra para cada abogado que participó en la causa.
"Algunos siguieron trabajando en Fiscalía y en vez de cobrar lo transfirieron a la cuenta de honorarios de Fiscalía -inclusive los míos- y los que se habían retirado de Fiscalía cobraron un cheque, el único que no retiró su plata, que eran $110.000 fue (Jorge) Miquelarena. Estos 3 millones que dice el fiscal es lo que la aseguradora depositó en cuenta de Fiscalía en concepto de diferencia entre lo regulado y el 10% del monto de demanda. De ellos, un 30% va a bienes de capital de Fiscalía y el 70% restante se reparte entre todo el personal de la Fiscalía. De hecho hay una resolución de distribución de fondos donde está especificado lo que cobró cada uno", expresó.

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