Murió el jefe operativo de quien dependía la base Zar durante la Masacre de Trelew

El capitán de navío Horacio Mayorga falleció a los 91 años. En 1972 era jefe de operaciones de la fuerza en Puerto Belgrano y de él dependía la base Almirante Zar de Trelew. En su momento defendió la masacre al asegurar: "se hizo lo que se tenía que hacer", un argumento que ratificó en 2008, cuando ante el juez federal Hugo Sastre prestó declaración indagatoria.

"La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer", dijo en 1972, Horacio Mayorga, por ese entonces jefe de operaciones de la Armada, al defender el fusilamiento de dieciséis presos políticos en la base Almirante Zar, que estaba bajo su mando por ser el jefe con asiento en Puerto Belgrano.
Ayer se confirmó qué de quien dependía la base Zar durante la Masacre de Trelew, falleció el 15 de setiembre último a los 91 años.
Mayorga se hizo públicamente conocido por haber defendido su postura tras la masacre, cuando además señaló: "no hay que disculparse porque no hay culpa".
"No caben los complejos que otros tratan de crear. La muerte de seres humanos es siempre una desgracia. Estos muertos valen menos, en el orden humano, que el guardiacárcel Valenzuela –que fuera asesinado durante la fuga de los presos de la Unidad 6, el 15 de agosto de 1972- y que los humildes argentinos del orden público muertos en servicio", también había manifestado.
Por esta causa, Mayorga -quien luego llegaría a ser capitán de navío- fue detenido e indagado en esta provincia en 2008. Su declaración duró siete horas y ante el juez Federal de Rawson Hugo Sastre y el fiscal Fernando Gelves. Allí negó haber dado la orden de traslado de los militantes de izquierda a la base Almirante Zar tras el intento de fuga del 15 de agosto. Sin embargo, reivindicó sus dichos sobre un discurso que había pronunciado tras los fusilamientos.

UN JUICIO QUE SE HIZO ESPERAR POR 40 AÑOS
La Masacre de Trelew, uno de los antecedentes del terrorismo de Estado, tuvo lugar el 22 de agosto de 1972 durante la dictadura de Alejandro Lanusse. Esa madrugada, dieciséis jóvenes prisioneros políticos fueron asesinados y otros tres sobrevivieron con graves heridas en un inexistente intento de fuga.
Los militantes formaban parte del contingente de guerrilleros presos -entre integrantes del ERP, FAR y Montoneros- que una semana antes había logrado escapar de la cárcel U6 de Rawson con el objetivo de salir a Chile, donde gobernaba el socialista Salvador Allende. Pretendían hacerlo en un avión desde el aeropuerto de Trelew, próximo a Rawson.
Sin embargo, el grupo no llegó a tiempo y el avión despegó con sólo seis evadidos que salieron antes en vehículos desde la cárcel y alcanzaron a abordarlo: Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna (ERP), Roberto Quieto y Marcos Osatinsky (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (Montoneros).
Los otros diecinueve militantes, que llegaron más tarde al aeropuerto, fueron cercados por tropas de la Armada y sólo aceptaron rendirse después de pactar con los jefes navales que serían devueltos a la cárcel de Rawson con todas las garantías.
La negociación fue presenciada por un juez, abogados y periodistas. Sin embargo, el pacto fue incumplido y los presos recapturados fueron conducidos a la base Zar de la Armada, donde una semana después tendría lugar la masacre, dejando otra mancha de sangre en la historia argentina.
La causa por estas muertes quedó estancada en la historia hasta que en 2009 fue elevada a juicio. Así finalmente en octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como "coautores responsables del homicidio con alevosía" de dieciséis presos políticos y tres tentativas de homicidio.
Mientras, Rubén Paccagnini, jefe de la base Zar y Jorge Bautista, enviado el mismo 22 de agosto para instruir el sumario que sirvió para armar la versión oficial del hecho, fueron absueltos.
Sin embargo, en marzo de 2014, la Cámara Federal de Casación Penal anuló las dos absoluciones, y dejó firmes las penas de prisión perpetúa impuestas en 2012, calificando a los crímenes como "delitos de lesa humanidad".

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico