Nación busca extender a todo el país un programa de prisión domiciliaria

Ese programa se inició en 2015 para presos alojados en penales de Capital Federal y del primer cordón bonaerense. Luego el Ministerio de Justicia amplió su aplicación a las cárceles federales de todo el país y avanza en la firma de convenios para replicar el sistema en ámbitos provinciales, lo que ya se concretó en Mendoza, San Juan y Jujuy.

El gobierno busca extender a todo el país un programa de prisión domiciliaria para procesados y condenados en situación de vulnerabilidad, basado en el monitoreo de los reclusos con pulseras electrónicas, además del desarrollo de un plan de asistencia psicosocial en sus casas, un sistema que ya se aplica sobre 135 convictos federales.
Si bien el programa se inició en 2015 para presos alojados en penales de la Capital Federal y del primer cordón bonaerense, el Ministerio de Justicia, que conduce Germán Garavano, amplió su aplicación a las cárceles federales de todo el país y avanza en la firma de convenios para replicar el sistema en el ámbito provincial, lo que ya se concretó en Mendoza, San Juan y Jujuy.
"El programa avanza sobre dispositivos electrónicos pero con un abordaje de reubicación social llevado adelante por expertos", dijo Garavano a la agencia Télam.
Remarcó: "la prioridad serán las mujeres especialmente con bebés y niños pequeños, y aquellas personas mayores de 70 años y con problemas de salud y dijo que "se busca un nuevo abordaje del sistema carcelario y transformación que permita cumplir con la constitución".
Actualmente, en el universo de 10.500 reclusos federales, unos 135 ya utilizan pulseras electrónicas en los tobillos y otros 175 están a la espera de ser aceptados en el programa, una vez que los jueces den su visto bueno.
El gobierno quiere ampliar este número y dar respuesta así a dos demandas diferenciadas: por un lado, la de los jueces que reclaman mayor control a la hora de conceder el beneficio de la prisión domiciliaria y por el otro la de los presos, quienes de esta forma reciben contención de parte de un equipo psicosocial del Ministerio de Justicia.
Con este objetivo, la idea es avanzar en la firma de convenios que permitan que las provincias puedan replicar el programa para sus reclusos locales.
El director nacional de Readaptación Social, que depende de la subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Matías de Sanctis, explicó que la vivienda donde residirá el preso debe cumplir con ciertas normas y aprobar los informes de "viabilidad" que se elaboran para comprobar, entre otras cuestiones, si el el domicilio está preparado técnicamente (si cuenta con línea telefónica y con señal de telefonía móvil).
En diálogo con Télam, de Sanctis detalló que actualmente el Ministerio cuenta con 16 profesionales, divididos en ocho duplas, que evalúan las condiciones (futuras) de vida de los presos.
Los equipos psicosociales -compuestos por un psicólogo y un trabajador social- evalúan también a quien oficiará de adulto responsable del recluso bajo prisión domiciliaria y realizan un diagnóstico de las condiciones socioambientales del domicilio.
Cumplidos estos pasos, el Ministerio puede recomendar la prisión domiciliaria en determinados casos, pero es el juez quien tiene la última palabra para habilitar el traslado.
"La idea es dar a conocer esta herramienta para que los magistrados, sin la necesidad de un pedido concreto de los abogados defensores, puedan implementarla, en el marco de un programa que ofrece monitoreo y contención para los presos", declaró de Sanctis.
El Ministerio de Justicia garantiza el otorgamiento de dispositivos electrónicos y solventa el servicio de monitoreo para esos distritos que quieran replicar el programa con presos provinciales.

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