Nuevos juicios por el aumento de las tarifas amenazan al oficialismo

Lejos de haber "resuelto el problema", como pretende el Gobierno, el fallo de la Corte abrió las puertas a una oleada de demandas de todos los que fueron excluidos de la anulación de los aumentos del gas.

El fallo de la Corte Suprema contra el aumento en la tarifa residencial del gas parece ser el puntapié inicial para grandes dolores de cabeza para el Gobierno. La audiencia pública convocada para el 12 de setiembre, donde deberá discutirse el aumento, es una de las dificultades que deberá enfrentar el Ejecutivo, a eso le sigue una ola de juicios.
Los futuros demandantes son muy variados, y entre ellos figuran la Unión Industrial Argentina, la Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera), Cámara Argentina de GNC y agrupaciones de pequeñas y medianas empresas.
"Vamos a intentar hacer la demanda colectiva por las 45 cámaras y 10 mil empresas que forman parte de la Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera)", consignó ayer Página 12 citando a una fuente del grupo de empresarios. "La tarifa tiene que estar segmentada porque, si no, van a quebrar muchas pymes", agrega.
Desde la poderosa UIA señalan: "este martes hay reunión del Comité Ejecutivo y el tema excluyente es tarifas. Ya solicitamos asesoramiento a nuestros letrados sobre los alcances del fallo". En diálogo con Página 12, el secretario general con Juan Carlos Sacco matizó: "la salida no tiene por qué ser judicial. Le diremos al Gobierno nuestro pensamiento y entre todos vamos a buscar una solución".
Carlos Scioli, titular de la Cámara Argentina del GNC, explicó a Futurock FM que "la actividad se está cayendo a pedazos hace 90 días" a causa de los costos y reveló que presentaron un amparo el 10 de agosto.
"El GNC aumentó 400 por ciento y los combustibles líquidos el 30 por ciento, aproximadamente en un año. Pedimos que se vuelva a un precio razonable y aumente en la misma proporción del combustible líquido", desarrolló el empresario.
Otros grupos que reclaman, con especial énfasis en el daño que se le está generando a las pequeñas y medianas empresas son la Confederación General Empresaria de la Argentina, Apyme y la Multisectorial contra el tarifazo. Desde el Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino afirmó que "el tarifazo es ilegítimo, pero el fallo dice mucho más que eso", aunque "los empresarios pymes tienen que recorrer el camino judicial para que finalmente nos ampare el derecho".
A su vez, la CAME expresaron que "la pequeña y mediana empresa se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo" y aseguraron que el sector "encaminará donde corresponda las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo".
Desde la Unión de Usuarios y Consumidores advirtieron que: "si esta situación no cambia habrá una lluvia de juicios individuales y un nivel de conflictividad social grande, que podría haber sido resuelto por el Gobierno". Según le explicó a Página 12 Claudio Boada, el origen de esta lluvia de demandas es que "el Ejecutivo no escuchó los ruidazos, los frazadazos, las movilizaciones y protestas en todo el país, las declaraciones críticas de todos los sectores políticos, incluso dentro del oficialismo y las resoluciones de la Justicia Federal".

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