Obras Sanitarias, un gremio áspero para dirimir diferencias

Los ataques relacionados con la interna del gremio de Obras Sanitarias de Comodoro Rivadavia recrudecieron en las últimas semanas. Los conflictos por parte de los dos sectores en pugna se tornaron cada vez más violentos con incendios, agresiones armadas y continuas amenazas de muerte contra operarios y jerárquicos de la SCPL. Si bien se pidió la intervención de autoridades provinciales, por ahora la solución parece lejana.

Desde noviembre de 2014 que el Sindicato de Obras Sanitarias adquirió una negativa notoriedad en la opinión pública. Fue cuando el gremio que conduce hace tres décadas Héctor José Santiago realizó una sorpresiva medida de fuerza que derivó en que esta ciudad, Rada Tilly y Caleta Olivia permanecieran sin servicio de agua potable durante más de 80 horas.
El propio secretario general del gremio y otros dos dirigentes están imputados por el delito de interrupción de servicio público. La causa fue derivada a la órbita federal, debido a que fueron tres ciudades las afectadas y curiosamente dos años después aún se espera conocer una definición judicial.
Aquella medida puso en evidencia que también en un conflicto particular iba a ser la población la más afectada. Ello quedó claro cuando se produjo la toma de la planta de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de barrio Industrial, a lo que se sumaron las elecciones gremiales como eje de una nueva disputa, amparada en el crecimiento de una oposición interna in crescendo, dispuesta a pelearle en las urnas la conducción al histórico Santiago, quien supo tener relaciones más que amigables con las conducciones de la cooperativa que la llevaron a su actual estado de precariedad económica y con prestaciones que motivan las diarias quejas de los usuarios.
Lo cierto es que desde principios de este año comenzaron a ser noticia las amenazas de muerte, los incendios de viviendas y de vehículos y los ataques armados.
En este contexto, el fiscal general Héctor Iturrioz investiga más de una decena de denuncias penales efectuadas por integrantes de las dos facciones de Obras Sanitarias. Cansados de las intimidaciones, no son pocos los empleados y jerárquicos de la SCPL que empezaron a demandar la intervención de las autoridades pertinentes, entre ellas la del Gobierno provincial.

EL PRINCIPIO DE TODO

El viernes 7 de noviembre de 2014 la conducción regional del sindicato de Obras Sanitarias inició una medida de fuerza que se extendió hasta el lunes 10 y demoró el restablecimiento del servicio de agua potable en la ciudad. Por eso el corte del suministro se prolongó por más de 80 horas. Los piquetes obstruyeron la base operativa N° 2 ubicada en barrio Industrial de Comodoro Rivadavia y en la planta potabilizadora de Sarmiento.
En ese contexto, la Fiscalía de Estado de Chubut y la Municipalidad local denunciaron penalmente a Santiago, Claudia Vidal y José Luis Ogas. El 4 de diciembre de 2015 la justicia ordinaria formalizó la causa bajo la calificación de “entorpecimiento de la provisión de agua potable”, en calidad de coautores para los dirigentes gremiales.
Pero el juez Mariano Nicosia en mayo de este año dictó la incompetencia de fuero y remitió el caso a la justicia federal, de modo que ahora está en manos de Eva Parcio.
A partir de ese momento los ánimos se caldearon, a la vez que un grupo de trabajadores que no se sentían representados por Santiago decidieron organizarse para presentarse en las elecciones que se tendrían que haber efectuado en abril de este año.
En este contexto, desde principios de marzo hasta hace tres días se repitieron las intimidaciones y ataques armados que ponen en riesgo a la comunidad que nada tiene que ver con la disputa sindical.
El 9 marzo último el gerente de Saneamiento de la SCPL, Adolfo Carrizo, denunció que durante la madrugada fue víctima de un atentado en su domicilio. Arrojaron una bomba molotov en el ingreso a la vivienda que habita con su familia.
Ese incidente fue analizado en el seno del Consejo de Administración de la cooperativa, en función de sospechas que existen en relación con cambios internos en función del nuevo organigrama. En principio se presumía que podría tratarse de una persona que fue despedida porque llevaba un mes y medio sin ir a trabajar, aunque ello es materia de investigación judicial.

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico