Ocho diputados avalan el pedido para declarar Emergencia Social Petrolera

La posibilidad de que la Legislatura de Santa Cruz apruebe un proyecto de resolución para declarar la Emergencia Social Petrolera e incluso avanzar en la alternativa de rescindir los acuerdos de concesiones de áreas a operadoras, cobró mayor vigencia en la reunión que mantuvieron ayer en Cañadón Seco ocho legisladores, siete de ellos de la zona norte, con el comisionado de fomento Jorge Soloaga.

Caleta Olivia (agencia)

Los asistentes que asistieron al encuentro pertenecen tanto al oficialismo como a la oposición y son representantes legislativos por distrito o por pueblos. Son Gerardo Terraz y Sergio Bucci (Caleta Olivia), Viviana Martínez (Pico Truncado), Carlos Santi y Miryam Alonso (Puerto Desado), Javier Flores (Perito Moreno), Víctor Álvarez (Las Heras) y Matías Mazú (Río Turbio), a quienes se les sumó el concejal de la ciudad del Gorosito, Rubén Martínez.
El anfitrión, Jorge Soloaga, había elevado a principios de abril al vicegobernador y presidente de la Legislatura, Pablo González, una nota por la cual solicitaba la instrumentación de los mecanismos legales para declarar la Emergencia Social Petrolera en la provincia, ante la crisis laboral, social y económica que genera la reducción de los programas de perforaciones por parte de las operadoras de yacimientos.
En la misiva, el comisionado también propuso la constitución de un Consejo Provincial Hidrocarburífero, como así también de un Fondo Compensador Social e incluso la posibilidad de aplicar la "rescisión de acuerdos de prórrogas de concesiones de áreas" ante el incumplimiento de las obligaciones en que incurren las operadoras de yacimientos.

PONER LIMITES

Al concluir la reunión se ofreció una conferencia de prensa en la que los legisladores dieron conformidad a la iniciativa planteada e incluso preveían elaborar un documento conjunto que darán a conocer en los próximos días.
En principio, Soloaga les agradeció haber respondido a la convocatoria y dejó en claro que "toda determinación que tome una empresa que opera yacimientos que son propiedad del Estado y de los santacruceños" tiene que ser observada por quienes poseen facultades institucionales.
Se refería concretamente a sus políticas unilaterales de desinversión que derivan en el quebrantamiento de la paz social, por lo cual afirmó que "es ahí donde tienen que intervenir los sectores representativos de la comunidad, sobre todo teniendo en cuenta que el petróleo es el eje que atraviesa la cadena de valor en la vida de Santa Cruz desde el punto de vista técnico, económico, social, laboral y financiero".
Comentó además que en la reunión de la víspera "hemos tratado toda la problemática que se vincula a la disputa que existe a nivel internacional por el precio del crudo, las derivaciones que ello trae apareado, las determinaciones políticas a nivel nacional y las implicancias que tiene en nuestro territorio, teniendo en cuenta que más del 50% del recurso fiscal de Santa Cruz proviene de ese recurso".
Más adelante señaló que "hemos coincidido, más allá de los posicionamientos y representaciones de distintos sectores partidarios y políticos de Santa Cruz, en la defensa de nuestros recursos, del interés colectivo de todos los habitantes, en la defensa de los trabajadores y la puesta en marcha de mecanismos institucionales que permitan hacer frente a determinaciones que hoy ponen en riesgo seriamente la convivencia pacífica en la provincia".

"EL RECURSO ES NUESTRO"

En otro pasaje de su exposición trajo a colación que Chubut, a través del gobernador Mario Das Neves, "tomó la misma línea que nosotros analizamos, cual es la creación de un Fondo Anticíclico que apunta al mismo objetivo".
A respecto indicó que "la integración del fondo tiene que estar dada a través de las operadoras y el posicionamiento de los diputados es poner freno a determinaciones que adoptan empresas que asumen compromisos ante accionistas, la Comisión Nacional de Valores y el Mercado Nacional e Internacional".
Sin embargo, aseveró, "pareciera ser que borran con el codo lo que escriben con la mano. Entonces les hacemos saber que la decisión del conjunto de los sectores representativos de Santa Cruz es decirles basta; el recurso es nuestro",
También evaluó que resulta llamativo que YPF "haga una inversión asimétrica en Vaca Muerta con el desarrollo de formaciones no convencionales", mientras que en Santa Cruz "la inversión es cero".
Por ello, afirmó, el Estado santacruceño "debe poner un límite" a esa y otras operadoras instándolas a sentarse en una mesa para "acordar políticas que estén en la línea de sostenimiento del interés colectivo, o tendrán que hacer lo que les dice la Ley: entregar la concesión porque no están cumpliendo con lo que se les exige".


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