La causa se inició en 1997, al descubrirse que Sevel Argentina (Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica), le vendía autopartes a Sevel Uruguay, es decir que se autovendía, para luego reingresarlas, de modo que importaba con un arancel diferencial del 2% y después cobraba reembolsos por exportaciones.
Según los datos surgidos en la investigación judicial, las primeras operaciones se hicieron en 1993, cuando tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina eran luego reingresadas en el país. Las compraban y también las vendían Sevel Argentina, Sevel Uruguay y Drago SA, una supuesta controlada del grupo Macri. Sólo por esas operaciones de 1993, los Macri habían cobrado reintegros por unos 7 millones de dólares.