Organizaciones sociales piden el cambio de carátula en el caso

En la sede de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ayer las agrupaciones sociales AGARRE (Acción Grupal Antirrepresiva) y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, pidieron el cambio de carátula de la causa en el juicio que se desarrolla en la Justicia Federal por el caso Iván Torres. Piden que se incorpore la "desaparición forzada de persona".
Magalí Stoyanof y Viviana Gualdoni de la CTA convocaron a Federico Solar (AGARRE) y César Antillanca -padre de Julián Antillanca, joven asesinado en Trelew- para manifestarse ante el proceso judicial que se lleva a cabo. "Queremos que realmente se cumpla con Justicia en relación al caso, acompañamos a la madre en el pedido de aparición con vida de Iván", dijo Gualdoni.
Desde la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, Antillanca sostuvo ante El Patagónico que "la actual carátula no es la que debería ser, la desaparición forzada, y no es por la que están siendo acusados los responsables. Y digo responsables porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene una sentencia con respecto de este caso y así lo dice. Está confirmado que Iván Torres estaba detenido en la comisaría y luego fue desaparecido".
Antillanca sostiene que desde la Comisión "tenemos un reclamo a modo de exigencia a la Justicia Federal de agregar a la actual carátula la "desaparición forzada de persona".
Para Antillanca, hay una intencionalidad manifiesta de no remitirse a los antecedentes del caso para desvincular de las responsabilidades funcionales a los policías que han sido imputados y que nunca fueron investigados. "Porque los vicios que tiene la desaparición de Iván son múltiples y además groseros", sostuvo.
El padre del joven asesinado presuntamente por policías, caso que motivó su lucha social, planteó: "hay responsabilidades que exceden a la comisaría y hay responsabilidades políticas, porque no olvidemos que la policía depende de la Secretaría de Seguridad de la provincia, que depende del Poder Ejecutivo, que es el gobernador" resumió sobre las responsabilidades. Para Antillanca "el responsable administrativo de estos delitos son los poderes ejecutivos".
En tanto, Federico Solar, integrante de la agrupación antirrepresiva manifestó: "respecto a este juicio lo que vemos es que forma parte de todo el manoseo que se viene haciendo desde la misma desaparición de Iván Torres. Hay una clarísima falta de voluntad para que aparezca, encuentren a los culpables, se identifiquen y se condene".
Recordaron que el caso "viene siendo manoseado" y se intentó ocultar desde un principio. "Es un caso que cuenta con siete testigos muertos" y en el que "se hicieron desaparecer pruebas".
Para Solar la forma en la que se está encarando el juicio "es parte de este mismo manoseo, deslindar responsabilidad del Estado".
El silencio de los responsables de la desaparición de Torres, según Solar "se trata de un delito continuado, desde el momento de la desaparición el delito continúa y se mantiene y la impunidad que se está sosteniendo todo el tiempo mientras siga sin aparecer refuerza la capacidad de la Policía para actuar sin miedo al castigo, sin miedo a tener que responder por sus acciones".
Según datos de la CORREPI, 4.600 jóvenes fueron asesinados en el país por gatillo fácil desde 1983. La mayoría de las víctimas de represión por parte de la policía, no denuncian judicialmente por miedo.
"La represión es política del Estado, porque el miedo es la única manera de sostener una sociedad tan desigual e injusta como la actual" explica AGARRE en un documento.
Las víctimas de represión pueden comunicarse denuncialarepresion@gmail.com (Facebook Acción Grupal Antirrepresiva. Teléfono (0297) 155062814).

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