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En febrero de 2013 el entonces jefe de la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, comisario Alejando Pulley –investigado por cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público- recibió el primer requerimiento de colaboración por parte de la Secretaría de Seguridad para verificar si en la calle Rawson 1026 funcionaba un departamento vip.

El 8 de ese mes, por orden de un juez de garantías que Pulley no identificó en su declaración, se allanó el domicilio de Rawson 1026 en forma conjunta con personal de la Secretaría Municipal de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones. Era la primera vez que participaba en ese tipo de procedimiento.
Al momento de allanar el lugar, entre los ocupantes del inmueble se encontraban la ciudadana paraguaya Guillermina Ferreira Almada y el colombiano Juan Carlos Cuellar Gamboa, "a quienes conocí en esa oportunidad", sostuvo el imputado. Ellos son consortes suyos en la causa cuya investigación vencerá el viernes. A Ferreira se la imputó por cohecho activo y a Cuellar por facilitación y explotación económica de la prostitución.
En su declaración, Pulley recordó que durante el procedimiento "hubo muchas discusiones con el personal de la Secretaría de Seguridad para ponernos de acuerdo en el labrado de las actuaciones, en virtud de que la policía debía ajustarse a lo ordenado por el juez que había librado la orden y en ella sólo se disponía la identificación de los ocupantes y la constatación de la actividad que allí se desarrollaba. No se ordenaba el secuestro de muebles, dinero, celulares, computadoras, etc., que era lo que pretendía realizar el personal municipal".
Esa noche finalmente no se pusieron de acuerdo y según confirmó el declarante, "la gente de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Carlos Marsó, junto con personal de Habilitaciones Comerciales, labraron un acta por separado procediendo al decomiso de dinero en efectivo, muebles electrodomésticos y celulares. También cuestioné la forma y trato dado a los moradores del inmueble".
Ese procedimiento le bastó para tomar medidas y corregir a futuro ese tipo de intervenciones policiales, por lo que aseguró haber enviado distintos oficios haciendo saber que el procedimiento que realizaba personal de la Secretaría de Seguridad excedía el marco de legalidad que establecía la norma.

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