El pedido de investigación surgió a partir de las denunciadas realizadas por el ex diputado nacional, Eduardo Costa y la ex legisladora provincial, Estela Maris Bubola, dado que desde que se inauguró el acueducto "Lago Musters – Caleta Olivia", este viene sufriendo diversas roturas.
Lo que hace hace sospechar sobre irregularidades y defectos en su construcción, que perjudican a la población de Caleta Olivia y afectan la provisión de agua potable por periodos de varios días.
A partir de esta situación, el fiscal general de Río Gallegos, Gonzalo Miranda, impulsó la acción penal y le requirió al juez federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, investigar la conducta y responsabilidad que les cabe a aquellos funcionarios públicos encargados de controlar la ejecución, certificación y recepción de la obra, cuyos defectos técnicos y/o roturas produjeron el desabastecimiento de agua potable en la localidad santacruceña.
Y señala que "tales hechos se agravarían por el control deficiente y desidia llevada a cabo por distintos funcionarios y por las importantes fallas que se hicieron evidentes inmediatamente y se agravaron a partir del año 2008".
El representante del Ministerio Público Fiscal requirió una serie de diligencias vinculadas a pedidos de informes a distintos organismos estatales, tanto nacionales como provinciales de Chubut y de Santa Cruz, según publica hoy La Opinión Austral.
UNA OBRA CONJUNTA
Cabe recordar que en el año 1993, las provincias de Chubut y Santa Cruz acordaron encarar la construcción del acueducto "Lago Musters – Sarmiento – Comodoro Rivadavia – Rada Tilly – Caleta Olivia".
La obra fue adjudicada a la empresa Dragados y Construcciones S.A., DYCASA Dragados y Construcciones Argentina S.A., Unión Transitoria de Empresas por un monto de $ 99.745.074, aunque dicha cifra se acrecentó conforme se puso en marcha.