Piden la "probation" para dos jóvenes que cometieron robos armados en Sarmiento

El juez Roberto Casal analiza el pedido de aplicación del beneficio de suspensión de juicio a prueba contra los acusados de asaltar un comercio y a dos chicos que caminaban por la calle.

El juez Roberto Casal analiza el pedido de aplicación del beneficio de suspensión de juicio a prueba contra los acusados de asaltar un comercio y a dos chicos que caminaban por la calle. El defensor propuso que los imputados realicen trabajos comunitarios y una reparación de $200, entre otras reglas de conducta. La resolución se conocerá en los próximos días.
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento se celebró la audiencia de solicitud de aplicación de suspensión de juicio a prueba contra los imputados Ernesto González Cruz (20) y un adolescente de 17 años. Ambos están imputados por el delito de robo agravado por el uso de armas.
Según la investigación fiscal el 24 de enero los sospechosos ingresaron al mercado "Los Dos Hermanos", donde amenazaron con un arma a una empleada y se llevaron diez botellas de bebidas alcohólicas. Uno de los jóvenes amenazó a la mujer diciendo: "no digas nada, que te vamos a matar".
Cinco horas después asaltaron a dos menores de edad que caminaban en dirección al predio del Club Deportivo Sarmiento. Uno exhibió un arma y le exigieron que entregaran sus teléfonos celulares desbloqueados. También los amenazaron con la intención de quitarles dinero. Los individuos después fueron detenidos por la policía a bordo de un Ford Focus.
En el marco de esas causas además están imputados Juan Carlos Barrientos (20) y otro adolescente que está alojado en el Centro de Orientación Socio Educativa (COSE) de Trelew.
El defensor público Miguel Moyano explicó al juez los fundamentos para el pedido de suspender el juicio y establecer un período de prueba bajo reglas de conducta. Para González Cruz pidió la aplicación de ese instituto por el lapso de dos años.
Propuso que el imputado recupere su puesto de trabajo en la construcción de viviendas, cumpla 40 horas de trabajo comunitario en favor del municipio y pague una reparación económica de $200 para cada una de las víctimas.
En cuanto al menor de edad recomendó que el período de prueba se fije en un año y seis meses de duración. Debe continuar sus estudios secundarios, cumplir con 40 horas de trabajo comunitario, presentarse cada seis meses al control del Patronato de Liberados y pagar una reparación de $200 pesos para los damnificados.
El padre de una de las víctimas no acordó con la reparación económica en función del mensaje que podrían interpretar los imputados. Graficó que un empleado municipal debe trabajar más de 200 horas para poder comprar un teléfono celular como el que los jóvenes habrían obtenido en cinco minutos con un arma.
Según el criterio de la víctima, con 40 horas de trabajo comunitario los jóvenes no alcanzan a tomar dimensión de la gravedad de los ilícitos. En tanto, la fiscal Laura Castagno no objetó el pedido de la defensa, pero consideró que el plazo para el menor de edad debería ser de dos años. Casal en los próximos días notificará su resolución.

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