Piden viviendas del IPV para médicos y policías

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia sancionó el jueves un proyecto para que la Legislatura de Chubut disponga por ley que al menos el 8% de cada plan habitacional construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) sea destinado a los profesionales del sistema provincial de salud y efectivos policiales.

Dado que el único mecanismo disponible por el Concejo para tal solicitud es la expresión de deseos, la bancada del PJ Modelo Chubut plantea a los diputados provinciales que la sanción de tal ley no solo es necesaria sino que “reviste el carácter de urgente” por su contribución a garantizar los derechos constitucionales, que abarcan no solo el acceso a la vivienda digna, sino también a la salud y la seguridad, ítems en los que en el caso de Comodoro Rivadavia al menos tiene seria repercusión el costo de vida, alquileres incluidos.
La inclusión de ambos grupos sociales  -médicos y policías – en la entrega de viviendas, se promueve bajo el régimen de “comodato” mientras dure su estadía en la ciudad, considerando que de tal modo se incentiva la residencia en la provincia por parte de los beneficiaros.
La petición parlamentaria tiene por objeto dar cobertura al sector, que de otro modo no podría acceder a tal vivienda social en función de que le IPV efectúa la entrega de unidades habitacionales sobre un listado de aspirantes inscriptos. Por lógica, la mecánica no abarca a un policía trasladado o un médico en residencia o  recién llegado que aun no define establecerse en esta ciudad.
En ese contexto, los concejales refieren a la vigencia del Programa Rehabitar del IPV  - o el que en un futuro lo reemplace -  como marco de aplicación de esta disposición, en función de que los objetivos del mismo son entre otros dar intervención integral a los problemas de desarrollo en las ciudades.
“Teniendo en cuenta  los objetivos de ese programa es que este proyecto tiene por finalidad solicitar que se regule sobre la realidad de nuestra provincia”, señalan Darío  Espinosa y Ricardo Gaitán, firmantes del proyecto que fue sancionado el jueves por unanimidad.

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