Plan Qunita: Bonadio envió a juicio oral a Aníbal Fernández y otros ex funcionarios

Para la acusación, el plan generó un perjuicio económico "considerable" a las arcas del Estado ya que la partida presupuestaria librada fue de 1.097 millones de pesos para 140.000 kits cuando la prevista originalmente para la operación era de 675 millones para 150.000 kits.

El juez federal Claudio Bonadio envió ayer a juicio oral al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y al ex ministro de Salud Daniel Gollán, por supuesta "administración fraudulenta" en la implementación del Plan Qunita, destinado a proveer de un kit de insumos para sus bebés a madres carenciadas.
El pasado 28 de setiembre, la Oficina Anticorrupción había solicitado la elevación a juicio como parte querellante en la causa.
Se trata de un total de 18 procesados, entre los que figura también el ex viceministro, Nicolás Kreplak, pero de los que fueron sobreseídos el ex ministro del área y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, además de funcionarios del área jurídica de la cartera de Salud.
Para la acusación, el plan generó un perjuicio económico "considerable" a las arcas del Estado ya que la partida presupuestaria librada fue de 1.097 millones de pesos para 140.000 kits cuando la prevista originalmente para la operación era de 675 millones para 150.000 kits.
La denuncia original había sido presentada por la legisladora porteña Graciela Ocaña en base al cotejo de precios públicos minoristas y los adjudicados para entregar a recién nacidos a madres beneficiarias de planes sociales.
De acuerdo a la acusación, se habría diseñado un pliego "a medida" y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas sin antecedentes vinculados con los productos licitados, ya que sólo registraban experiencia en los rubros inmobiliario, de la construcción, gráfico e informático.

EMPRESARIOS ACUSADOS

Los empresarios acusados pertenecen a Compañía Narciso SRL, Grupo Diela SRL, Dromotech SA, Fibromad SA, Delta Obras y Proyectos SA y Fassano SRL.
Se determinó que en algunos casos compraron lo necesario para el kit antes de ganar la licitación y que todos acudieron a un mismo proveedor el mismo día para hacerse de uno de los elementos, además de actuar de manera coordinada al presentar sus ofertas.
Según la fiscalía, estas firmas fueron beneficiadas con una decisión que estaba tomada de antemano y proveyeron al Estado los kits por un valor de 7.900 pesos cada unidad, cuando en el mercado se conseguían por 4.000 pesos, de acuerdo a la denuncia de Ocaña.
El kit constaba de una cuna de cuna de madera con sistema de encastre y bolsillos de tela, colchón, dos juegos de sábana, un acolchado y una frazada polar, además de un saco de dormir y un cambiador.
También se proveía al beneficiario de dos enteritos de manga larga, dos de manga corta, bolso materno y un termómetro digital, algodón, chupete, babero, mordillo y sonajero, así como una guía de cuidados.
En setiembre último, el anuncio de que Bonadio había ordenado la incineración de unas 60.000 cunas no entregadas y otros efectos por supuestos riesgos de seguridad para los bebes generó una ola de protestas que derivó en la anulación de la disposición judicial.
Para el Gobierno nacional, que impulsó la denuncia como querellante a través de la Oficina Anticorrupción, los ex funcionarios incurrieron en los delitos de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas" y "administración fraudulenta" en perjuicio del Estado.
En tanto, los directivos de las empresas adjudicatarias de la licitación habrían sido participes necesarias o cómplices de la administración fraudulenta.

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