Polémicas y escándalos judiciales envuelven a los candidatos presidenciales chilenos

El fenómeno ha afectado a los ex presidentes Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, así como a Marco Enríquez-Ominami, líder del izquierdista Partido Progresista.

A un año de las elecciones presidenciales en Chile, los posibles candidatos con mayor alcance, según las encuestas, vienen sufriendo graves señalamientos sobre sus comportamientos éticos y legales, cuyas consecuencias electorales son aún imprevisibles.
El fenómeno ha afectado en las últimas semanas a los ex presidentes Sebastián Piñera (de centroderecha, 2010-14) y Ricardo Lagos (centroizqueirda, 2000-06), pero tiempo atrás también había castigado a Marco Enríquez-Ominami, líder del izquierdista Partido Progresista.
El caso de mayor resonancia pública fue el de Piñera, predecesor de la actual mandataria Michelle Bachelet, envuelto en un escándalo por inversiones que uno de sus holdings empresariales hizo con la pesquera peruana Exalmar, cuando los dos países se enfrentaban en la Corte Internacional de Justicia por un diferendo limítrofe.
Una encuesta reciente -que sin embargo lo sitúa al tope de las preferencias electorales con 26% de apoyo- indicó que 59% de los chilenos cree que Piñera (2010-14) sabía de esas inversiones hechas por su holding Bancard, y más aún: 66% de los consultados se declaró no satisfecho con las explicaciones dadas por él.
El accionar de Piñera será analizado por una comisión parlamentaria, al igual que ocurrirá con Lagos, a quien se lo acusa de haber dirigido una licitación pública para beneficiar a un familiar.
La investigación parlamentaria intentará comprobar si el socialista intervino en la licitación del Hospital Provincial Marga Marga, otorgada a una empresa propiedad de su cuñado, Roberto Durán.
En el mismo espacio político del ex presidente, el Partido Socialista, acaba de largar su precandidatura el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, quien para ello debió abandonar su cargo de jefe negociador chileno en la demanda marítima de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
Enríquez-Ominami, en tanto es hasta ahora el que más ha sido afectado en sus intereses por llegar al Palacio de La Moneda, luego de ser imputado por presuntos delitos tributarios encausados en la investigación en el caso de la minera SQM.
El joven dirigente fue acusado por la emisión y facilitación de 36 facturas ideológicamente falsas a la empresa SQM Salar, una filial de la minera no metálica SQM, entre los años 2012 y 2015, por un monto total equivalente a unos 592.000 dólares.
SQM, controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet, aparece vinculada con numerosos casos de financiación ilegal de campañas políticas, con pagos simulados como honorarios por servicios ficticios justificados con boletas o facturas falsas.
Sobre el caso, Enriquez-Ominami declaró que confía en la justicia y espera ansioso poder defenderse ante el tribunal competente.
Por último, el periodista y senador Alejandro Guillier, una figura ascendente dentro de la alianza oficialista Nueva Mayoría que también se anotó en la carrera presidencial, acaba de ser alcanzado por una polémica, pero en este caso de carácter ético y no judicial.
En 2003 Guillier -como periodista- se vio involucrado en el uso de una cámara oculta en un reportaje sobre la visita del entonces juez Daniel Calvo, a un sauna gay.
Por entonces, el magistrado investigaba un caso de violaciones a menores de edad por parte de un empresario, y Guillier era jefe del departamento de prensa de Chilevisión.
El actual senador por Antofagasta justificó el recurso de la cámara oculta dado que en esa oportunidad ayudó a desnudar una red de protección de abusadores de menores.

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