Policías custodian el aguantadero de "Los Nieves" para su segunda demolición

Con la misma determinación que volvieron a levantar la casilla después del primer desalojo, "Los Nieves" se valieron de un grupo de mujeres y niños para impedir el segundo procedimiento. Sin embargo, para garantizar el levantamiento se dispuso una consigna policial y una guardia de seguridad para proceder apenas liberen el espacio.

Esta mañana se realizó un nuevo operativo de desalojo en un terreno fiscal en barrio Quirno Costa. El procedimiento indicado para dar cumplimiento con la ordenanza 10417, se debió reiterar dado que los dueños de la "casilla" demolida volvieron al lugar con intenciones de re instalarse.

Nuevamente, se debió movilizar a efectivos policiales, trabajadores de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada y de Camuzzi para proceder al control de precarias conexiones. A cargo del control estuvo el secretario de Seguridad Antonio Zúñiga, quien afirmó: "procedimos nuevamente en este sector con la fuerza pública y nos encontramos un aguantadero precario, no había nadie en el lugar pero lamentablemente llegaron algunas mujeres con niños que vulneraron el cordón policial" y se impidió que se concrete la demolición.

Una vez culminado el levantamiento de escombros, señaló el funcionario que se dispuso de una consigna con personal de infantería durante las 24 horas del día, porque quedaron mujeres y niños dentro de un precario lugar. "No se pudo demoler porque estas personas están instaladas en el interior. Se quedan porque quieren, no residen allí y el espacio es muy peligroso porque es muy precario. Una vez que la casa sea deshabitada, será demolida", explicó Zuñiga.

En cuanto a los peligros, de instalarse en la zona, el funcionario municipal comentó que el terreno "está dentro de un radio transformador eléctrico y por una cuestión de medida de seguridad no puede ser utilizado para vivienda. El espacio está reservado para una calle y claramente está demarcado con ese fin", recordó.

Finalmente, el funcionario se refirió a los rumores por la falta de una orden judicial que se consideró como una falla del operativo y aclaró que "la ordenanza 10.417 se puso en vigencia en el año 2012, que nos faculta a notificar verbalmente y por escrito al desalojo de ocupantes ilegales. Como no acataron la medida, se procedió a cumplimentar la ordenanza de forma compulsiva, utilizando la fuerza pública".

Fuente:

Notas Relacionadas

Dejá tu comentario

Las Más Leídas del Patagónico