Por errores administrativos anulan dos sanciones contra un condenado

Personal de la alcaidía primero le secuestró a Lucas Avila Maya una hoja de cuchillo, una sierra y un hierro de construcción en su celda. En otra requisa le incautó un teléfono celular y un cargador. En ambos procedimientos los efectivos cometieron falencias que beneficiaron al detenido y la propia Fiscalía remarcó la gravedad de dichas conductas.

Por las falencias administrativas que cometió el personal policial de la alcaidía a la hora de realizar las actas por las indisciplinas detectadas en el calabozo del interno, la Justicia no pudo sancionar a Lucas Avila Maya, condenado por el homicidio de Santiago Blanco.
En su resolución, el juez Jorge Odorisio notificó al jefe de la cárcel de máxima seguridad de Comodoro Rivadavia, Fabián Grenier, que solucione las falencias administrativas de las actuaciones.
Hay que recordar que Avila Maya fue condenado a 17 años de prisión por el delito de "robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y como resultado del homicidio ocurrido en ocasión del mismo", que tuvo como víctima a Blanco el 5 de agosto de 2014 en la casa de sus padres en el barrio Pueyrredón.
En el caso de la hoja de cuchillo, la sierra y el hierro de construcción, el defensor público Ivo Di Taranto solicitó que no se confirme la sanción disciplinaria a su pupilo. El abogado argumentó: "no se ha cumplido con el debido proceso, es decir, no se realizó el acta de notificación y descargo a Avila Maya para que conozca el hecho del que se debía defender".
La funcionaria fiscal Stella Maris Prada, en tanto, calificó la indisciplina como "de una gravedad inusitada para los otros internos y para los guardias que Avila Maya tuviera dichos elementos". Sin embargo, sostuvo que le asiste razón a la defensa en que no ha sido respetado el debido proceso y no figura constancia donde se lo notifica al interno del inicio de las actuaciones.
El magistrado hizo lugar al pedido de nulidad de la sanción realizado por la defensa pública y acompañado por la funcionaria de Fiscalía sobre la base de la inexistencia del acta donde se lo notifica al interno del inicio de las actuaciones para que pueda ejercer su descargo.
Luego se trató otro pedido de sanción por el secuestro de un teléfono celular y el cargador en la celda del reo. Di Taranto también solicitó la nulidad porque no se aseguró el derecho a defensa. "No se dejó sentada la hora en que fue confeccionada el acta y ello no permite corroborar si se elevó la comunicación a la Oficina Judicial a término. No se ha realizado una entrevista previa de mi pupilo con el jefe de la alcaldía", señaló.
Prada mencionó que se carece de constancia escrita de recibida la entrevista al interno para ejercer su descargo y no se ha cumplido con las seis horas para dar ingreso de la notificación a la Oficina Judicial de la sanción. Dejó constancia de la gravedad de ambas conductas y afirmó que existe una falencia administrativa en ambas sanciones. Así, el juez dejó sin efecto también la segunda sanción por incumplimiento del decreto que regula las sanciones dentro de lugares de detención.

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