Prades les dijo a quienes se apoderaron de viviendas que él no condiciona a la Justicia

Una veintena de personas que forman parte de los grupos familiares que en octubre de 2015 de manera ilegal ocuparon centenares de viviendas oficiales en construcción, solicitaron ayer al intendente Facundo Prades que interceda ante la Justicia para frenar inminentes intimaciones de desalojo.

Caleta Olivia (agencia)
A media mañana, el jefe comunal había asistido al edificio de la Prefectura local para compartir el acto alusivo al nuevo aniversario de la institución, siendo aguardado en el acceso por el grupo de manifestantes que venían de la sesión del Concejo Deliberante, alzando pancartas con las que procuraban hacer valer sus derechos a un techo digno.
Algunas de las referentes son ocupantes de los sectores denominados 187 y 62 Viviendas, zona de extensión del barrio Rotary 23 y el intendente -a pesar de que tenía la opción de retirarse en auto- decidió salir caminando y escuchar los reclamos cuyo contenido ya presumía de antemano.
En efecto, las mujeres le solicitaron que intercediera ante el juez de instrucción Mario Albarrán, ya que luego de sendos recursos de amparo y de casación habría quedado firme la resolución emitida por ese magistrado para que la policía proceda a distribuir a la brevedad notificaciones de desalojos perentorios.
Ante tal circunstancia, les explicó que no tiene injerencia en lo que determine la justicia, ni tampoco en la acción policial, pero que tenía disposición para trabajar desde su posición institucional para ayudar a las familias que poseen hijos menores de edad.

ACERCA DE PROMESAS
En principio el diálogo fue acalorado, pero con el transcurrir de los minutos el mismo trasuntó por carriles normales, aunque previamente las manifestantes le enrostraron una promesa de apoyo que, según recordaron, les brindara en su campaña electoral.
Por el contrario, Prades aseguró que cuando fue al sitio de casas tomadas él ya había sido electo pero no aún no asumía funciones y que en esa ocasión solo había prometido que no iba a permitir que la gente fuera desalojada de manera violenta por la policía.
En otro pasaje del diálogo que tuvo lugar en la vereda de la Prefectura, las mujeres también le requirieron que intercediera ante empresas provinciales como Servicios Públicos y Distrigas para poder contar con los servicios de luz y gas.
En ese sentido le hicieron saber que, a modo de ejemplo, el responsable local de Distrigas les dijo que necesitaba autorización del municipio para concederles el servicio.
Fue entonces cuando el jefe comunal reiteró que no fijará ninguna postura hasta tanto no recibiera directivas de la justicia, la cual hasta ahora no le hizo ninguna consulta formal.

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