Preocupaciones puntuales marcaron ayer el ritmo de la audiencia pública

De una nómina original de diez inscriptos para opinar sobre el Presupuesto Municipal 2016, finalmente lo hicieron siete, para dejar claramente expuestos en la audiencia pública los intereses puntuales de sectores en particular.

Betania Viegas, referente de Caleta Córdova, fue la única vecinalista en plantear su punto de vista y las necesidades de su barrio ayer en la audiencia pública por el Presupuesto Municipal 2016. La joven cuestionó por bajas en las partidas destinadas a la producción de lotes con servicios. Señaló que en su comunidad existen proyectos y que si bien para el año en curso se habían garantizado los fondos-que vuelven a generarse este año- aunque tales proyectos no se materializan, a pesar de que la demanda crece.
También planteó como problemática el abastecimiento de agua aunque no serán altas las inversiones vinculadas al servicio y, desde el punto de vista social, subrayó el inestable panorama para el área productiva y laboral. Marcó que ante esa coyuntura solo hay una partida de $600.000 para la generación de empleo y actividades alternativas. Por último, cuestionó el alquiler de maquinaria vial en lugar de capitalizar a la Municipalidad adquiriéndolas, optimizando y haciendo más efectivos los recursos.
El referente de Frente Progresistas, Pablo Acquaviva reclamó más trasparencia en la ejecución de las obras públicas y las partidas presupuestarias. Pidió que se informe de modo trimestral por las vías convenientes, sugiriendo la web del Concejo Deliberante.
Sobre este punto, se le aclaró que tal rendición se hace efectivamente, dada la manda legal de hacerlo, y que las ejecuciones pueden consultarse en la web de la Municipalidad, e incluso en el Boletín Oficial, donde se publica tras el visado del Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, el ex candidato a concejal cuestionó el subsidio para el transporte público al recordar que cuando se actualizó la tarifa del transporte, se mencionó la posibilidad de bajar la carga de subsidiados, aunque de los 28,5 millones de pesos previstos para 2015 por este rubro se pasó a $40 millones en 2016. "Es una diferencia importante a favor de las empresas, un cálculo rápido por usuarios del servicio da que el transporte se lleva $13 por pasajero", dimensionó.
Raúl Diana Lavalle, titular hasta ayer de la Cámara de Comercio, marcó la conformidad con el equilibrio implícito en el cálculo de gastos y recursos, aunque reprochó que no se haya incluido el proyecto del centro comercial a cielo abierto. "Sería modificar nuestro centro para hacerlo más amigable -que ahora está colapsado- y eso trae aparejado normalizar todo el funcionamiento comercial evitando el comercio ilegal y ordenando la seguridad", expuso. Y reiteró con insistencia la necesidad de eliminar la venta ambulante o informal.

¿DERECHOS VULNERADOS O CUESTIONES SALARIALES?
Mientras hasta aquí cada uno de los oradores refería a alguna representación que da presencia en las audiencias públicas de modo habitual, ayer debutó en las lides el Ministerio de la Defensa Pública, y no con una sino con tres referentes.
Matilde Cerezo, Carolina García y Verónica Roldán utilizaron sus espacios para, en representación de niños y adolescentes con derechos vulnerados, reclamar por la falta de respuestas al servicio de protección de derechos, actualmente paralizado por retención de servicios. También preguntaron cuál será la partida presupuestaria destinada a la restitución de esos derechos suspendidos, montos que reclamaron como prioritarios e intangibles, y a los que "no puede oponérseles emergencia alguna".
El secretario de Hacienda, Diego Touriñan, y el de Desarrollo Humano y Familia, Marcelo Rey, respondieron a algunos de los planteos. Recordó que en cuanto se desató el conflicto la Municipalidad cubrió con profesionales propios la situación, solucionando los problemas propios e incluso los que dependen de otras áreas como Provincia.
Además recordaron que el reclamo del personal de la Oficina, que hoy revista en parte para Provincia y en parte para la Municipalidad, es ser recategorizados en otro convenio, y se recordó que con la re jerarquización del área de salud se podrán acompañar las acciones con las que provincia no cumple, que la Municipalidad hizo frente a un convenio firmado en la secretaría de trabajo que Provincia no respetó.
"Es cierto que dentro del Presupuesto no están definidas las partidas, pero Protección de Derechos es una parte institucional y dentro de la Secretaría hay diversidad de programas que tienen que ver con todo lo que es protección de derechos -una parte de asistencia y la otra de promoción- y que la prioridad hoy es el fortalecimiento de la familia, porque vos poder contener a los chicos 5 horas desde el Estado, pero después vuelven a su realidad" subrayó Rey.
El secretario de Salud, Carlos Catalá, en tanto, recordó que existen varios organismos que deben dar respuesta cuando hay derechos vulnerados o potencialmente vulnerados, recordando por ejemplo que durante los 4 años previos no se logró implementar en Comodoro el programa nacional marco, que si tuvo desarrollo en Esquel y Puerto Madryn.
"El municipio no es el único actor que debe responder" recordó. "Cuando se hace un planteo de asignación presupuestaria hay que ver si es por lo salarial o para cuestiones contractuales o para intervenciones. Porque si el pedido es para que los empleados tengan otra relación laboral es otro tema", cerró.

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