Presentan el índice de "violencia machista" para impulsar políticas contra el maltrato

En el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, un panel de especialistas presentó ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el primer Índice de Violencia Machista, impulsado por el colectivo Ni Una Menos para analizar todas las formas de maltrato contra la mujer.
"Para actuar hay que saber. Este índice de violencia machista es una primera producción de datos que el Estado argentino no produce, y esto es grave, porque es muy difícil adoptar políticas públicas si no hay información en la que basarse", advirtió durante la presentación Mónica Pinto, decana de la Facultad.
"Sabemos que la violencia contra la mujer explicita las desiguales relaciones de poder que históricamente existen entre los hombres y las mujeres, también sabemos que las relaciones patriarcales han ayudado a naturalizarla, pero sobre todo sabemos que esta violencia no es genética, que es cultural, y que como un comportamiento aprendido, se puede modificar", afirmó.
La decana también recordó que "la violencia física, sexual y psicológica contra la mujer está condenada por normas internacionales" que en Argentina tienen "rango constitucional", y que el Estado tiene "deberes importantes" como "ayudar con una política de prevención y quebrar una garantía de impunidad que está socialmente instalada".
Sin embargo, apuntó que "esa modificación requiere también la acción de actores privados", y principalmente "del colectivo de mujeres. Estemos atentas y vigilantes", pidió.
Diana Maffía, filósofa y directora del Observatorio de Género en la Justicia, dijo por su parte, que "al hablar de violencia machista, el índice hace visible que las víctimas son mujeres y que son vulnerables en un sistema desigual de género".
Por otra parte, Maffía dijo "el 99 por ciento (de las mujeres encuestadas) respondió haber sufrido violencia en las relaciones de pareja, pero sólo el 5 por ciento las denunció", lo que consideró que está vinculado con el escaso conocimiento de los recursos que ofrece del Estado para recibir denuncias y "las hostilidades que encuentran" las mujeres cuando deciden recurrir a la Justicia.

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