Procesan a ex funcionarios por presunto lavado de dinero en aportes de campaña

El magistrado afirmó que por los aportes efectuados por las empresas "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp", para la campaña electoral del Frente para la Victoria del año 2007 se puso en circulación en el mercado la suma total de $886.000 de origen ilícito.
El juez Ariel Lijo procesó a Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria, a otros ex funcionarios kirchneristas, y a empresarios, acusados de presunto lavado de dinero por la procedencia de los aportes para la campaña presidencial de 2007 que consagró a Cristina de Kirchner presidenta de la Nación.
El juez consideró que a través de aportes hechos por varias empresas se puso en circulación en el mercado la suma total $886.000 de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud.
Además de Capaccioli, el juez Lijo procesó a Sebastián Gramajo (ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires y responsable político de la alianza electoral), Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone (viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez).
En declaraciones a Radio Nacional, Lijo afirmó que en la campaña "se lavó dinero" y advirtió que no tiene "pruebas de que alguien más supiera de esta situación", más allá de los ex funcionarios y empresarios a los que procesó.
"Parte del financiamiento de la campaña de Cristina tenía origen ilegal, hablamos de lavado de dinero", señaló Lijo, quien indicó que "se utilizó plata de origen ilegal en una actividad legal". "No tenemos pruebas de que alguien más supiera de esta situación", afirmó.
"Capaccioli, Lorenzo, Brito y Gramajo podrían acogerse a la ley del arrepentido", consideró además Lijo, tras recordar que esa figura está vigente en causas por lavado de dinero.
Según dijo, el 25 por ciento del dinero aportado por droguerías a la campaña a la presidencia de Cristina de Kirchner tuvo un "origen ilegal". Así se refirió Lijo con respecto a respecto a fondos aportados por las empresas "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp".
"Está probado que las personas responsables de esta maniobra son las imputadas y no tenemos pruebas que el resto estuviera al tanto o hubieran apañado esta situación", señaló Lijo.
En su resolución, el magistrado afirmó que los aportes efectuados por las empresas "Multipharma", "Global Pharmacy" y "Seacamp" para la campaña electoral del Frente para la Victoria del año 2007 se puso en circulación en el mercado la suma total de $886.000 de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener su apariencia de licitud.
Se analizó que tanto Néstor Lorenzo como Héctor Capaccioli fueron los encargados de poner en circulación este dinero y aprovecharon la campaña política para llevarlo a cabo. En base a las limitaciones que presentaba la ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley 26.215) necesitaban de compañías privadas para desarrollar la maniobra, ya que no podían realizar donaciones anónimas y, además, tenían un tope máximo por empresa.

LA MODALIDAD
El juez demostró que la modalidad empleada por esta maniobra era la siguiente: las firmas en cuestión les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente, recibiendo a cambio el recibo por parte de éstos y, en la fecha de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo.
En tal sentido, se verificó que "Multipharma", "Seacamp" y "Global Pharmacy" no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los aportes que aquí se registraron, las sumas aportadas no guardaban similitud con los parámetros de dinero que manejaban, y además no poseían registros contables de los correspondientes aportes realizados.

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