Proponen licencias obligatorias para funcionarios que pretendan ser candidatos

Un proyecto de ley basado en la Ley de Ética Pública fue presentado por el diputado y jefe del bloque del Frente Para la Victoria, Javier Touriñan. La iniciativa busca que el trabajo de campaña no afecte a las tareas del Estado. Además, se plantea que en el caso de que el candidato resulte electo, para no incurrir en una candidatura testimonial queda inhabilitado a presentarse a las próximas elecciones.

Hoy ingresó por mesa de entrada el proyecto del jefe del bloque de diputados del PJ FpV, Javier Touriñan. El proyecto de ley está orientado a que los funcionarios o empleados públicos que se postulen como candidatos políticos deban presentar una licencia en su cargo. Asimismo, determina sanciones de cinco años para aquellos cuya candidatura resulte testimonial.

Para el legislador, "es una manera de dejar las cosas en claro, porque cuando uno es candidato político debe ausentarse de su lugar de trabajo y muchas veces esos lugares quedan vacíos. No se puede paralizar el Estado porque uno está en campaña. Así que esta nueva ley obliga a los candidatos a tomarse licencias con goce de haberes".

En su artículo 1, el proyecto de ley dice que las licencias deberán tomarla aquellos empleados públicos o funcionarios que se presenten como candidatos para para cubrir cargos nacionales, provinciales o municipales tanto en elecciones generales como en PASO. Deberán solicitar "licencia en el cargo que ocupe desde el día en que se oficialice la candidatura o precandidatura hasta el día posterior a la fecha de los comicios. Dicha licencia será en todos los casos con goce de sus haberes".

Asimismo, el proyecto de ley también hace mención a las candidaturas testimoniales e impone una sanción a quienes no asuman su mandato. "Toda persona que habiendo resultado electa para ocupar un cargo provincial o municipal desistiera del mismo antes de su asunción (candidatura testimonial) quedará inhabilitada para presentarse nuevamente a elecciones y ocupar cargos públicos provinciales o municipales hasta transcurridos cinco años de producido el hecho".

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