Protesta de ATE por autorización a los padres para limpiar escuelas

Afiliados y dirigentes de la Asociación de Trabajadores Estatales protagonizaron ayer protestas en distintos puntos de la provincia, en rechazo a la autorización que emitió el Consejo Provincial de Educación (CPE) para que los padres se encarguen de la limpieza de las instituciones escolares de toda la provincia, ante el prolongado paro de porteros y auxiliares de limpieza.

Caleta Olivia (agencia)

En Caleta Olivia se concentraron en el acceso al edificio de Supervisión de Escuelas, donde protagonizaron un escrache en repudio a la decisión del CPE.
A través de un comunicado, el presidente del organismo, Roberto Borselli, indicó que el objetivo es "dar respuestas a las solicitudes realizadas por grupos de padres autoconvocados de toda la provincia, que requirieran la autorización del CPE para realizar tareas auxiliares de limpieza en los establecimientos educativos de diferentes niveles y modalidades".
Por ello, el funcionario consideró que "dicho requerimiento se sustenta en la imposibilidad del dictado de clases y de la concurrencia de alumnos y docentes en algunas instituciones, debido a la suciedad que presentan por la medida de fuerza que lleva adelante el personal responsable de esas tareas".
En este contexto, sostuvo que esto "amerita tomar una determinación extraordinaria y transitoria en pos de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes".
Por ello, amparado por las normativas que establece la Ley de Educación Nacional, Borselli autorizó a los padres, madres o tutores de los alumnos de los establecimientos escolares en los que no se estén dictando clases por falta de higiene, a ingresar a los edificios para realizar tareas generales de limpieza, a partir de ayer hasta la finalización del ciclo lectivo 2016.
Cabe mencionar que quienes desarrollen esas tareas estarán cubiertos por el Instituto de Seguro de la Provincia.
En tanto los vocales electos del CPE, Norma Moralejo y Pedro Muñoz, denunciaron que dicha autorización incurre en "una práctica desleal", por lo que solicitan "anular la medida, toda vez que carece de cualquier sustento legal, con el agravante de que coloca al personal directivo ante una orden ilegal que se impone desde el poder político y que avanza claramente sobre el cuidado y garantías referidas a la responsabilidad civil y penal de acceder a lo indicado desde el CPE".

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