Provincia investigará a Buzzi por el acuerdo extrajudicial firmado con Antares Naviera

El Gobierno provincial cuestionó ayer el acuerdo extrajudicial que en su momento alcanzó Martín Buzzi con la empresa Antares Naviera, responsable del desastre ecológico provocado por el derrame de petróleo en diciembre de 2007. El fiscal de Estado aseguró que ese dinero "nunca" ingresó al Ministerio de Infraestructura y anticipó acciones judiciales.

La situación volvió a la escena pública el miércoles, cuando en el marco de la inauguración del centro cultural de Caleta Córdova el intendente Carlos Linares reclamó públicamente que el barrio jamás recibió las inversiones equivalente a 5 millones de dólares que Provincia debía ejecutar por la indemnización judicial de Antares Naviera tras el derrame de petróleo del 26 de diciembre de 2007.
Ayer el fiscal de Estado de Chubut, Diego Martínez Zapata, sostuvo que no hay registros del ingreso de ese monto en el Ministerio de Infraestructura y habló de irregularidades en torno a la causa, anticipando que por ello Provincia hará presentaciones penales.
En primer término, Martínez Zapata indicó que en el marco del derrame de hidrocarburos ocurrido hace 9 años, durante el inicio del segundo gobierno de Mario Das Neves, quien junto al entonces Fiscal de Estado, Jorge Miquelarena, entablaron la demanda contra la naviera ante el juzgado federal que encabeza Eva Parcio. El reclamo era una indemnización presunta de 50 millones de dólares.
"Transitaron los años y la causa por daños y perjuicios contra esta naviera y lo que resultó es un curioso e irregular acuerdo transaccional generado en el año 2014 por parte de Miguel Montoya -fiscal de Estado en esa fecha- bajo la gestión de (Martín) Buzzi; arreglan el juicio por un monto sumamente inferior al demandado: 5 millones de dólares", indicó el funcionario.
En este contexto, Martínez Zapata consideró llamativo el monto y agregó que tal acuerdo fue ratificado en junio de 2014 mediante el decreto 701, que determinaba que dichos fondos se destinarían a reparaciones ambientales y obras de infraestructura para Caleta Córdova.

"SITUACIONES ANOMALAS"
"Desde esa fecha pasaron mas de dos años, y desde que ingresamos a la Fiscalía trabajamos en ese asunto por una cuestión tangencial, que es un reclamo de honorarios por parte de algunos letrados, y advertimos en febrero del año grandes situaciones anómalas. La primera de ellas es que en el Ministerio de Infraestructura, el ministro (Alejandro) Pagani informa que esos fondos no están en su cartera", declaró, añadiendo que por ende se inició una auditoría contable interna para establecer cuándo se le dio el ingreso de los fondos y cuál fue su destino.
"Esa es la primera irregularidad porque esos fondos tenían destino exclusivo en 2015 y ese año eso no pasó. Es una irregularidad y a partir de ello se ventila la responsabilidad penal y civil, tanto de Buzzi como del funcionario que estaba en la cartera (Maximiliano López)", señaló el Fiscal de Estado, anticipando que por ello se iniciará una acción civil por "cosa juzgada irrita" ante el juzgado federal.
Es que según contextualizó el abogado para sumar otra irregularidad, como consecuencia de este hecho se pagaron honorarios profesionales en el expediente judicial y otros 3 millones de pesos "por afuera", sin la existencia de ningún convenio.
"No se dice en concepto de qué se repartió más de 1,5 millones de pesos entre Montoya, Spiro y un abogado de la Fiscalía de Estado. Dentro de Fiscalía no hay un solo antecedente de ese acuerdo; se demandó por 50 millones de dólares y se arregló por 5, un monto significativamente menor, y eso es llamativo", subrayó.
Sobre tal punto, dijo que en el marco de la causa existe un informe de la UNPSJB que determina un daño estimado de entre 50 y 90 millones de dólares y que Montoya accedió a arreglar por un "monto irrisorio". También agregó que en ese momento Carlos Linares era viceintendente y que el decreto que homologa el convenio determina que el municipio recibió esa indemnización.
"Es curioso que a más de dos años vengan a reclamar el monto y/o las obras cuando los responsables exclusivos eran Buzzi, Montoya y el ministro de Infraestructura", cuestionó.
Por último, el Fiscal de Estado aludió a un fallo reciente de la Cámara de Casación Penal de la Nación, rechazando la probation a imputados en delito ambiental. "La Cámara refiere expresamente que rechaza el monto de reparación que son esos 5 millones. La justicia advirtió el rechazo. Estamos iniciando una acción por 'cosa juzgada irrita', tendiente a hacer caer y que se declare la nulidad por irregularidades en el acuerdo transaccional e iniciamos las acciones penales correspondientes, tanto por los honorarios como a los funcionarios", culminó.

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