Provincia prepara un nuevo reclamo por la eliminación de pensiones por discapacidad

La decisión del gobierno de Mauricio Macri de dar de baja en forma abrupta a algunas pensiones no graciables a personas con discapacidad afectó en Chubut a 500 ciudadanos, a los que ya se les anuló ese beneficio. El gobierno provincial, que ya había protestado públicamente por este tema el mes pasado, no descarta presentar un recurso de amparo. En el Concejo Deliberante, en tanto, se aprobará hoy un virtual pedido de informes al responsable de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.

La ministro de Familia de la Provincia, Leticia Huichaqueo, confirmó ayer que el número de personas con discapacidad, afectadas por la decisión de Mauricio Macri Blanco Villegas de recortar pensiones graciables es de 500 y que el gobierno provincial seguirá reclamando para que "se les devuelva ese beneficio".
En diálogo con Radio Del Mar, la funcionaria recordó que “el gobernador Mario Das Neves fue el primero en reclamar públicamente por este tema”, con una expresión pública y condenatoria de la medida dispuesta por Nación.
"Hace un mes hicimos una presentación oficial en Buenos Aires, ante el propio Guillermo Badino, por este tema. Nos enteramos de la decisión, que inmediamente criticó el gobernador Mario Das Neves. Conseguimos esa audiencia, pero ni en la misma ni hasta la fecha tuvimos respuestas satisfactorias”, indicó Huichaqueo.
La decisión del gobierno de Macri está basada en el decreto 432, que firmó en 1997 el entonces presidente Carlos Saúl Menem, y que no pudo ponerse en práctica por su falta de sensibilidad. Los contenidos de esa normativa, por otra parte, se contraponen con la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad.
A nivel país las personas afectadas son 70.000, que recibían una ayuda del Estado de 6.078 pesos en la zona patagónica y que ahora quedaron sin prestación alguna.
“En la provincia de Chubut se les recortó esta pensión a 500 personas. Hicimos el reclamo, conseguimos la reunión, pero seguimos sin tener respuestas. Para la Provincia, y para el gobernador, se deben devolver estos 500 beneficios y se debe dejar de lado esta práctica que contiene una eliminación y vulneración de derechos”, apuntó Huichaqueo.
La explicación de Nación es que las pensiones dadas de baja no correspondían porque, de acuerdo a los datos que se pudieron obtener, los beneficiarios tienen un familiar que se puede hacer cargo de ellos.
"Hay que restituir todas las bajas en la Provincia y vamos a seguir insistiendo y buscando otras alternativas. En las próximas horas estaremos tomando una decisión", señaló la ministra y manifestó, ante la consulta, que no se descarta presentar un recurso de amparo ante la Justicia.

EL CONCEJO RECLAMA
Hasta ayer no había precisión acerca de cuántas de las 500 personas perjudicadas por la medida de Macri eran de Comodoro Rivadavia. El concejal Nicolás Caridi, del Frente Para la Victoria, concurrió a la delegación local de Desarrollo Social Nación para obtener ese dato pero, si bien fue correctamente atendido, no tuvo una respuesta precisa.
Por esa razón y ante la indignación que generó la decisión del gobierno nacional, el concejal presentará en la sesión de hoy un virtual pedido de informes al controvertido titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, para que brinde precisiones y fundamente la medida.
“A nivel personal y de bloque entiendo que esta medida es absolutamente injusta y arbitraria y por eso mañana (por hoy) presentaremos una especie de pedido de informes y de queja en el Concejo. Ayer (por el martes) nos acercamos a la delegación de Desarrollo en búsqueda de datos y precisiones. Como no las obtuvimos, haremos esta nota que entiendo será avalada por todo el Cuerpo”, explicó el concejal.
En declaraciones a El Patagónico, el edil recordó que, con la zona austral incluida, “las personas que tienen esta pensión reciben unos 6.078 pesos, que no alcanzan para nada en la ciudad y Provincia pero que es una manera de acompañarlos, como corresponde, desde el Estado. Estamos hablando de un derecho”, sentenció.
El legislador también adelantó que desde el Concejo se acompañarán “todas las medidas que se dispongan desde Provincia y el Municipio. Además de no corresponder, en base a la justicia social, la anulación que se está promoviendo desde Nación es una vulneración de derechos y una determinación inconstitucional que no vamos a aceptar”, concluyó.

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