Pusieron a prueba a un joven al que también investigan por robo de ganado y por un homicidio

Jonathan Maximiliano Cárdenas fue beneficiado ayer con una suspensión de juicio a prueba y por el término de un año no podrá involucrarse en nuevos delitos.

Jonathan Maximiliano Cárdenas fue beneficiado ayer con una suspensión de juicio a prueba y por el término de un año no podrá involucrarse en nuevos delitos. Fue por un encubrimiento por receptación, como se califica cuando se encuentra en su poder elementos robados sobre los que no existen pruebas para imputarle el robo. Mientras, la Fiscalía lo investiga por abigeato y el homicidio de Luis Nahuelquir, ocurrido en junio del año pasado.
En el marco de la audiencia a la que fue sometido Jonathan Maximiliano Cárdenas, su defensor solicitó la aplicación de una suspensión de juicio a prueba. Para ello se basó en el monto de la pena. La misma no supera los 3 años y si bien está siendo investigado en otras dos carpetas judiciales –en donde lo asisten otros defensores– por delitos más graves, como abigeato y un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, a la fecha no tiene ninguna condena que permita afirmar la existencia de antecedentes penales computables.
El acto judicial fue presidido por la juez penal, Daniela Arcuri, mientras que el imputado recibió el asesoramiento del abogado adjunto de la Defensa Pública, Ariel Quiroga. El Ministerio Público Fiscal, en tanto, fue representado por el fiscal general, Héctor Iturrioz.
Hay que aclarar que el hecho por el cual se propuso la probation ocurrió el 22 de setiembre del año pasado, cuando en poder de Cárdenas se encontraron elementos robados sobre los que no se pudo probar que hubiera sido él quien los robara.

LOS COMPROMISOS
En su presentación, el defensor agregó que su asistido se compromete a presentarse dos veces al año ante el Cuerpo de Delegados de Control. Ello como regla de conducta, y también a pagar una suma de dinero acorde con sus posibilidades y a favor del Estado como víctima.
Por su parte el fiscal acompañó la petición hecha por la defensa, en base a que el pedido es oportuno y la Fiscalía “no tiene obstáculo para interponer”. Iturrioz calificó el pedido de suspensión de juicio a prueba como procedente porque la expectativa de pena es de un año y dos meses de prisión.
En virtud de ello requirió que se le impusieran las reglas mínimas de conducta que mencionó el defensor, a las cuales calificó como “adecuadas”. También el fiscal consideró acorde la suma de dinero ofrecida como reparación del daño, asegurando que el imputado no registra antecedentes penales computables según el Registro Nacional de Reincidencia. Por ello, solicitó que se homologue la suspensión de juicio a prueba.
Tras escuchar a las partes, la juez resolvió hacer lugar al criterio de oportunidad propuesto por las partes y como reglas de conducta le ordenó fijar domicilio y presentarse dos veces ante el cuerpo de delgados de Control.
Asimismo, se le realizó la expresa advertencia de que no debe verse involucrado en nuevos hechos delictivos. Una vez que cumpla, se extinguirá la acción penal, ya que de lo contrario se revocará y continuará la causa.

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