Qué dice la ordenanza sancionada

La instalación de antenas de telefonía celular en diferentes sectores de Comodoro Rivadavia, que ha generado la preocupación de los habitantes de esos barrios, tiene correlato en convenios que el Ejecutivo municipal rubricó con las compañías Claro y Movistar a finales de 2015 y que el Concejo Deliberante ratificó durante la sesión del 10 de marzo último.
Mientras la instalación en una plaza del barrio Laprida fue de las que más discordia despertó, hay que recordar que según se había fundamentado en la celebración de esos convenios, el objetivo principal es mejorar el alcance y la prestación de servicios de telefonía móvil en esa ciudad, llegando con la cobertura a puntos del ejido donde hoy hay problemas de señal. Así una de las antenas se instalará en Caleta Córdova. La de Laprida corresponde a la empresa Claro, un barrio con grandes problemas de conectividad.
La autorización para emplazamientos de esas antenas en tierras fiscales incluye algunas contraprestaciones a cargo de las compañías de telefonía móvil, que abarca en determinados casos la instalación -por propia cuenta y cargo de las empresas- de cámaras de seguridad, cuyo circuito cerrado será sumado luego al Centro de Monitoreo,para ampliar la cobertura de videovigilancia en esta ciudad. También implica el compromiso de establecer cuatro nuevos puntos de wi-fi y el pago de un canon a la Municipalidad en concepto de alquiler por los espacios del orden de los 800 a 1.000 dólares mensuales.
En una primera etapa, el convenio implica once nuevas antenas en la ciudad y es en tal sentido que durante la última sesión de mayo, el Concejo Deliberante aprobó una ampliación del presupuesto municipal por el ingreso de 6 millones de pesos vinculados a pagos devengados por el mencionado canon impuesto a las compañías.

RIESGOS PARA LA SALUD
La calificación de nocivas de las emisiones o radiaciones de estas antenas es uno de los principales cuestionamientos, y los reclamos populares tienen antecedentes incluso desde 2012 en Comodoro Rivadavia.
Hay que indicar en ese contexto que las radiaciones se miden con equipamiento específico con el que no cuenta la cartera municipal de Medioambiente sino el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), autoridad de aplicación en todo el país, que además solo puede efectuar las mediciones una vez que la antena esté instalada.
El organismo nacional había iniciado durante 2014 -cuando todavía se denominada Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)- un trabajo en toda la provincia, que apuntaba a que los concejos deliberantes de cada ciudad sancionen sus propios marcos regulatorios para la instalación de antenas, a partir de una normativa que se trabajaba entonces desde la Secretaría de Asuntos Municipales de Nación y con la Secretaría de Comunicaciones.
Ese proyecto marco preveía: "que al momento de la instalación se hayan tomado todos los recaudos que se deben tomar: que las empresas tengan que presentar informes anuales o semestrales en cuanto a mediciones de emisiones no ionizantes, unificar todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de la telefonía celular", y se subrayaba que la tecnología instalada hasta la fecha en la provincia no superaba los límites establecidos por la CNC a partir de los marcos fijados por la Organización Mundial de la Salud.

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