Quiroga y Carrazana admiten haber disparado una escopeta pero al aire

En la penúltima audiencia del extenso juicio oral y público que se ventila en la Cámara del Crimen de esta ciudad, por el homicidio de Reynaldo Vargas y por los balazos que hirieron a otro ex referente de la UOCRA, Bonifacio Barrera, ayer accedieron a prestar declaración otros dos de los cuatro imputados por los violentos incidentes ocurridos el 9 de abril de 2015 frente a la sede local del sindicato petrolero.

Caleta Olivia (agencia)
Oscar Antonio Carrazana y Rodrigo Darian Quiroga, alias "Chiquito", defendidos por el abogado particular Marcelo Fernández, admitieron ante el tribunal conformado por Jorge Alonso, Juan Pablo Olivera y Cristina de los Ángeles Lembeye, que ellos se intercambiaron una escopeta recortada que estaba en el interior del gremio petrolero y que además dispararon al aire porque estaba cargada con cartuchos que se utilizan para dispersión, es decir de fogueo y que solo producen un intenso ruido.
De esta manera procuraron establecer su inocencia principalmente en la muerte de Reynaldo Vargas, ya que la autopsia determinó que fue impactado en el pecho por un proyectil calibre 9 milímetros, en tanto que no está comprobado de qué tipo son los dos que recibió Bonifacio Barrera ya que el mismo aún los tiene alojados en una pierna y en la cadera.

LAS OTRAS VERSIONES

Hay que recordar que hace dos semanas, en una de las primeras audiencias prestaron declaración ante el mismo tribunal los dos restantes implicados en el violento suceso, los cuales son defendidos por tres abogados: Edgardo Edelcoop, Débora Fernández y Gerard Gramática.
Se trata de los petroleros Roberto Esteban Hernández y Damián Gabriel Roldán quienes aseguraron que ellos se encontraban circunstancialmente en el gremio para realizar trámites cuando llegaron manifestantes de la UOCRA, pero aseguran que no dispararon armas.
Hernández dijo que prueba de ello es que el dermonitrotest (prueba de parafina) le dio negativo y Roldán justificó que le resultó positivo porque inconscientemente alzó una de las armas ya que alguien dio la orden de para introducirlas en una mochila, además de recoger casquillos.
Carrazana, Roldán y Hernández escaparon en un VW Gol de color bordó, propiedad del último de los nombrados, el cual fue interceptado por un patrullero policial, pero antes se deshicieron de la mochila que contenía numerosas armas de fuego.
En ese punto surgió una contradicción porque Hernández había dicho que fue Carrazana quien arrojó la mochila a la calle, pero ayer este último atribuyó ese hecho a Roldán.
Sin embargo, los cuatro imputados en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, coincidieron en señalar que ninguno de ellos pertenecía al servicio de seguridad del gremio petrolero.

MANIFIESTAN QUE SOLO ERAN COLABORADORES

En el caso de Carrazana y Quiroga, se supo por sus declaraciones que eran empleados municipales del servicio de recolección de residuos y que por directivas de ex intendente José Córdoba estaban destinados a desempeñar tareas de colaboración en el gremio petrolero, las cuales consistían en asistir a actos para tocar el bombo y colaborar con algún festejo.
Por esa razón, según sus dichos, acudían a ese lugar por dos o tres horas y generalmente se quedaban en el acceso conversando con desocupados a la espera de órdenes. Además señalaron que el día de los incidentes recibieron directivas de un tal Gallardo que a su vez dependía del jefe de seguridad, Pedro Pródomos.
Quiroga dijo que conocía algo de armas, que encontró la escopeta recortada apoyada en una pared y que hizo varios disparos al aire, pero debido que los de la UOCRA lo apedreaban se asustó y se escondió dentro del sindicato, pero antes se le entregó a Carraza, quien a su vez manifestó haber hecho un solo disparo al aire, tras lo cual se ocultó en el edificio.
Ambos señalaron que vieron descender de la planta alta a Hernández, a Roldán, pero estos los desmintieron al pedir declarar nuevamente al final de la audiencia.

ULTIMOS TESTIGOS
Ayer prestaron declaración tres testigos. El primero fue comisario mayor Dante Abboud, quien en ese momento era jefe de la Unidad Regional de Policía Zona Norte y actualmente es titular de la Superintendencia de Seguridad de Santa Cruz.
El alto oficial describió el operativo que se hizo inmediatamente después de los incidentes y también respondió a consultas sobre otros incidentes ocurridos en el mismo gremio, antes de que asumiera la actual gestión.
También declaró un ex petrolero Álvaro Santana que en su momento se ocupaba de coordinar una lista de desocupados y el desplazado dirigente de comisión directiva Fernando de Souza. Ninguno de estos dos últimos estuvo el día del homicidio, pero su presencia fue requerida por la querella para dar un panorama de la actividad sindical.
Ambos, y sobre todo de Souza, aprovecharon la ocasión para explayarse sobre la interna sindical, principalmente para denostar al secretario general Claudio Vidal.

MIERCOLES DE ALEGATOS
Más allá de la última circunstancia mencionada, para la Justicia se presenta un difícil dilema a la hora que deba atribuir responsabilidades, al tiempo que se espera con expectativa la audiencia de alegatos que se realizará el miércoles.
De antemano se sabe que los defensores pedirán la absolución de sus clientes, pero nada se anticipó de la postura del fiscal general Carlos Rearte y de los abogados Alberto Luciani (ayer ausente) y Silvana Uez que representan al querellante Bonifacio Barrera, recordándose además que la de familia de Reynaldo Vargas desistió se acusaciones ya que habría reclamado un resarcimiento económico por separado.

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