Rajoy afirma que no consentirá "una estafa a la democracia"

El parlamento regional de Cataluña tiene previsto aprobar mañana la ley que regulará el referéndum unilateral, que luego dará paso a la convocatoria oficial para romper con España. El presidente de ese país ayer se refirió al intento independentista que se plantea y aseguró que se quiere "aprobar una ley ilegal".

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió ayer a los independentistas catalanes que no consentirá "una estafa a la democracia", ante la inminente aprobación de la ley con la que se pretende dar cobertura legal al referéndum de secesión unilateral anunciado el 1 de octubre en la norteña Cataluña para romper con ese país.
"Quieren aprobar una ley ilegal, convocar un referéndum ilegal, quitarle a la oposición su derecho al debate, cosa que no se ha producido en España nunca desde que recuperamos en 1977 las libertades democráticas", subrayó Rajoy, en un mensaje contundente de cara a una semana clave para el proceso de separación en marcha.
La tensión entre el gobierno catalán y el Ejecutivo central español se acerca a su punto más álgido, ya que el parlamento regional de Cataluña tiene previsto aprobar mañana la ley que regulará el referéndum unilateral, que luego dará paso a la convocatoria oficial por parte de Carles Puigdemont.
"Su referéndum de independencia no era negociable, nunca fue negociable", remarcó Rajoy al intervenir ante la Junta Nacional de su Partido Popular (PP), donde insistió en la inconstitucionalidad del proyecto de secesión. "Sabían hace mucho tiempo que yo no iba a autorizar el referéndum porque no podía, porque no quería y porque se lo dije con meridiana claridad, pero no les importó", añadió el líder conservador dirigiéndose a los independentistas.
Rajoy insistió en que los catalanes "no pueden hacer un referéndum como el que pretenden porque no tienen la competencia para hacerlo".
"No se la da ni la Constitución ni ninguna ley. Porque no puede decidir sobre el conjunto de España solo una parte de España, privándoles a los demás del derecho a decidir sobre su país", subrayó.
Ante lo que se avecina, Rajoy hizo hincapié en que los independentistas "pretenden decir ahora que pueden hacer un referéndum porque han hecho una ley, la ley del referéndum", pero advirtió que en caso de que aprueben esa norma también "sería ilegal".
"No puede existir un gobierno democrático que pretenda ir contra la ley fundamental de esa democracia que es la Constitución. Eso es un absurdo, una estafa a la democracia y no podemos consentirlo porque es nuestra obligación", concluyó el presidente del gobierno.

CRECE LA TENSION

A pesar de que el Ejecutivo español sigue sin concretar explícitamente su plan para evitar el polémico referéndum catalán, ya se dieron algunas señales acerca del camino que se tomará en el momento en que se produzca el choque, apuntando a que no se permitirán las urnas y se actuará contra los dirigentes políticos que cometan una ilegalidad.
"No le voy a contar a (el presidente catalán Carles) Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas. Prudencia. Pero las autoridades correspondientes ya se encargarán de impedir que se pongan las urnas", dijo ayer la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en entrevista con la radio Cadena Ser.
"El gobierno está hablando con la oposición y los principales partidos, y tomando decisiones. Todos los escenarios están previstos y diseñados", señaló la número dos de Rajoy, quien recordó que el expresidente catalán Artur Mas está inhabilitado por haber impulsado la consulta simbólica del 9 de noviembre de 2014.

MARCHAS Y SANCIONES

El Tribunal Constitucional (TC) retomará su actividad mañana, mismo día en que los catalanes tienen previsto dar un nuevo paso hacia la secesión, por lo que el gobierno está alerta para intervenir contra las autoridades catalanes tan pronto se produzca una irregularidad.
Como último recurso, Rajoy tiene a su disposición la aplicación del artículo 155 de la Constitución española que autorizaría al gobierno central a intervenir en el gobierno autonómico para hacerlo cumplir sus obligaciones. Pero esa vía, estigmatizada, por lo que supondría para el modelo territorial español, nunca se aplicó en democracia.
Desde el conservador PP no ven necesario recurrir a esta carta porque de hecho se encargaron ellos mismos de contar con otros instrumentos legales para hacer frente al conflicto secesionista catalán cuando aprobaron en 2015 la reforma del Tribunal Constitucional.
Concretamente, el artículo 92 del TC habla del cumplimiento efectivo de las resoluciones del tribunal y advierte que en caso de que se produzca un incumplimiento y se informe, se podrán adoptar medidas que van desde multas hasta la suspensión de funciones de autoridades o empleados públicos.
Los independentistas catalanes son conscientes de que el Tribunal Constitucional suspenderá la ley del referéndum y su convocatoria tan pronto se produzcan, puesto que el gobierno de Rajoy recurrirá ambas medidas de inmediato.
Por esa razón, se están preparando para defender el referéndum con movilizaciones en la calle, que el calendario hará coincidir con la emblemática Diada del 11 de septiembre, el día nacional de Cataluña.

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