Rescatan a 16 mujeres en un bar de Caleta y detienen a una regenteadora brasileña

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yáñez, dirigió una investigación que llevó a cabo la Brigada de Investigaciones de la Policía Federal en la que se logró poner en resguardo a 16 extranjeras que trabajaban como damas de compañía en el bar "Petro Pool". En este marco también se detuvo a "La brasileña", dueña del local y se imputó en libertad a "Nicole", una dominicana que sería la encargada del lugar y de coordinar los pases y llevar el registro de las copas que las chicas ofrecían. También fueron imputados dos argentinos.

La Policía Federal Argentina, a través de la Delegación Comodoro Rivadavia, a cargo del comisario Eduardo Velázquez, encabezó una investigación que dirigió la jueza federal Marta Yáñez y su secretario penal Miguel Biscadi. Así se logró rescatar a 16 extranjeras que serían víctimas de trata de personas. La magistrado, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia, libró dos allanamientos que se llevaron a cabo ayer de madrugada y parte de la mañana, desde la 1 hasta las 9.
La investigación, según pudo conocer El Patagónico, se inició por una denuncia contra los propietarios del bar "Petro Pool", un local nocturno en el que mujeres estarían privadas de su libertad contra su voluntad y que serían obligadas a prostituirse, según la denuncia inicial.
La pesquisa fue llevada a cabo por la Brigada de Investigaciones que la Policía Federal tiene en Caleta Olivia y en varias localidades de Santa Cruz. Así pudo constatar la presencia de mujeres argentinas, dominicanas, paraguayas y colombianas que se desempeñaban como damas de compañía.
Según los informes, las víctimas ofrecían sexo a cambio de dinero, llevando adelante los encuentros sexuales en algún hotel alojamiento o en las casas de los mismos clientes.
En la investigación no detectaron menores de edad en el lugar, ni tampoco que las jóvenes hayan sido sometidas a violencia física, pero determinó la vulnerabilidad que tenían, que era aprovechada por los regentadores para sacar provecho de su actividad sexual.

CINCO DETENIDOS
Uno de los allanamientos se realizó en Mosconi al 1.000. En ese domicilio ubicado entre las avenidas Güemes y Fagnano, se secuestraron dos teléfonos celulares, 60 mil pesos, talonarios de pases, anotaciones de interés para la causa y se detuvo a “La Brasileña”, de 46 años, propietaria del local.
En simultáneo también se allanó el bar "Petro Pool", ubicado en avenida Gregores y calle Padre Jordán. Allí se rescataron a las 16 extranjeras y se notificó de la imputación a cuatro personas; dos argentinos y dos mujeres de nacionalidad dominicana, una de ellas apodada "Nicole", que sería la encargada del lugar. A los sospechosos también se les secuestraron cuatro teléfonos celulares, talonarios de pases, papeles, documentación de interés para la causa y la suma de 12 mil pesos.
Durante el procedimiento también se identificó a los 11 parroquianos que bailaban al ritmo de la rockola y tomaban tragos. A ninguno de ellos el sistema de identificación de la Policía le arrojó ningún impedimento judicial. Pero debieron permanecer por algunos minutos contra la pared, tratando de sostenerse como podían.
Hoy “La Brasileña” será sometida a indagatoria. También llegarán imputados, pero en libertad los dos argentinos y "Nicole", la responsable de coordinar el trabajo en el local comercial, como así también de llevar el registro de cantidad de pases y las copas que vendían las damas de compañía.
Las mujeres rescatadas, en tanto, dijeron estar contra su voluntad en el lugar y quedaron al resguardo de un equipo interdisciplinario del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. Hoy también serán entrevistadas por la jueza federal.
Los detenidos, en caso de ser considerados culpables del delito por el cual se los investiga, podrían cumplir entre 4 y 8 años de prisión, tal como establece el artículo 145 bis de la Ley 26.842, “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas", que señala que quien ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será sometido a una condena de ese tipo.

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